Crónica Baleares.

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Estafadora inmobiliaria huye tras pagar con cheques sin fondos.

Estafadora inmobiliaria huye tras pagar con cheques sin fondos.

Una familia fue detenida en una gasolinera en la provincia de Cádiz luego de ser geolocalizados por la Policía, vivían en su automóvil y utilizaban tarjetas prepago.

PALMA, 17 Jun.

Una víctima de una estafa inmobiliaria múltiple declaró ante el Tribunal que al surgir problemas con la compra de su piso, solicitó explicaciones a la principal acusada, quien le entregó cheques sin fondos y desapareció.

En el juicio se encuentran sentadas cuatro personas, tres miembros de una misma familia: una mujer, señalada como líder, su esposo, su hija y un hombre acusado de colaborar. El total defraudado supera los 500.000 euros con quince víctimas en Mallorca. La familia fue detenida en Cádiz pero el dinero no ha sido recuperado.

La primera víctima en declarar fue el propietario de un restaurante en Son Gotleu, que cerró un acuerdo para comprar dos pisos a la acusada por 55.000 euros cada uno. Tras pagar una parte, descubrió que otra persona había comprado uno de los pisos directamente a la propietaria.

La víctima intentó recuperar su dinero, pero los cheques que la acusada le entregó resultaron ser sin fondos. Posteriormente, la acusada desapareció y no pudo ser localizada.

La familia acusada, compuesta por una mujer de 41 años, su esposo de 51, su hija de 23 y un menor de edad, fueron detenidos en una gasolinera en Cádiz al vivir en el coche con un perro.

La Fiscalía solicita ocho años de prisión y multa para cada miembro de la familia por estafa agravada. Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, donde las víctimas fueron engañadas para comprar propiedades inexistentes.

La acusada era conocida en ciertos barrios de Palma y aprovechó la situación de personas con pocos recursos económicos. Usaba excusas para solicitar pagos sucesivos sin intención de ejecutar las operaciones.

Agentes de la Policía Nacional descubrieron que todo el dinero recibido por los estafadores fue retirado en efectivo, sin dejar rastro. La familia fue detenida en Cádiz mientras planeaban desplazarse a otra región.

Además de las responsabilidades individuales, se solicita una multa de tres millones de euros para la empresa involucrada y la devolución del dinero a las víctimas más intereses.