En lo que va del año 2024, se han iniciado un total de 44 expedientes debido a irregularidades en el transporte marítimo, de los cuales 12 han sido catalogados como graves.
PALMA, 11 Jul.
El incremento del número de expedientes relacionados con chárteres náuticos ilegales en Baleares ha sido notable, con un aumento del 541 por ciento en los últimos cinco años.
Así lo ha señalado el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante la presentación de la campaña de verano para el control de seguridad marítima en 2024.
Esta campaña es llevada a cabo de manera conjunta por la Conselleria, a través de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
"Es de vital importancia llevar a cabo esta campaña de inspección para garantizar la seguridad de las personas y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente", ha reiterado Lafuente, destacando la continuidad de esta iniciativa en línea con años anteriores.
El objetivo principal es identificar irregularidades en el transporte de pasajeros, supervisar áreas de fondeo ilegales, prevenir la recogida de personas en lugares no autorizados y verificar la documentación y permisos de los patrones náuticos.
Según ha informado el conseller, hasta el momento se han abierto 44 expedientes en lo que va de año, 32 de ellos por infracciones leves y 12 por graves.
Lafuente ha resaltado el incremento significativo en el número de inspecciones y violaciones detectadas a lo largo de los años, demostrando un aumento constante en la intensidad de la campaña.
En 2019 se iniciaron 17 expedientes; en 2020, un total de 24; en 2021, hasta 64; en 2022, 101 expedientes, mientras que en 2023 se llegó a 109. Por lo tanto, se ha experimentado un crecimiento del 541% en cinco años.
“Las autoridades públicas nos esforzamos por hacer cumplir la normativa en pro de la seguridad de todos, y pedimos la colaboración de la población y, especialmente, de las empresas”, concluyó el conseller, enfatizando la importancia de la seguridad marítima para el Gobierno autonómico.
Por otro lado, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, destacó que entre las infracciones más graves se encuentra la realización de actividades sin la debida autorización legal.
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