Una presunta estafadora inmobiliaria ha dejado un rastro de víctimas desoladas: "Cada día me decía una historia distinta, hasta que desapareció".

PALMA, 19 Jun.

La familia acusada de llevar a cabo una estafa inmobiliaria en Palma, con al menos quince víctimas, admitió a la Policía, al ser detenidos en la provincia de Cádiz, que escaparon de Mallorca porque "los estaban buscando y tuvieron que huir".

Así lo afirmó la instructora de las diligencias policiales durante el juicio que se está llevando a cabo en la Audiencia Provincial en estos días. La inspectora participó en el arresto que tuvo lugar en una gasolinera de Zahara (Cádiz). Después de meses de búsqueda, los agentes lograron localizarlos gracias al rastreo de sus teléfonos móviles.

La mujer principal acusada, de 41 años, era muy conocida en los barrios trabajadores de Palma, por supuestamente ayudar a personas de bajos recursos a obtener hipotecas. Según las acusaciones, ella era la líder de un grupo conformado por su marido (51 años) y su hija (23).

Tras ser arrestados, los padres han estado en prisión en la Península, y no fueron trasladados a Palma hasta el pasado jueves por motivos de seguridad. La instructora descartó que al hablar de que los "estaban buscando" al momento de su detención, estuvieran expresando miedo a represalias específicas.

La Policía interceptó a la familia en el momento en que aparentemente estaban "viviendo" en su coche con otro hijo menor y un perro, pero sin rastro del dinero defraudado. Se estima que la cantidad defraudada supera el millón de euros, y muchos de los pagos se realizaron en efectivo.

En este miércoles, continuaron los testimonios de más víctimas. "Me hizo perder todo lo que tengo", lamentó una de ellas, quien tiene un vínculo familiar lejano con la acusada.

Según su relato, la acusada le mostró "muchas propiedades" y la instó a pagar reservas y valoraciones por transacciones que nunca se materializaron. Varios de estos pagos se exigieron por adelantado y en efectivo.

Uno de los perjudicados actuó como intermediario para un comprador, y al no poder entregar la propiedad, tuvo que asumir las transferencias él mismo, a través de un reconocimiento de deuda por el doble de la cantidad abonada. El contrato de reserva era de 30.000 euros.

"Le pedí explicaciones, pero cada día me narraba una historia diferente, hasta que desapareció", relató el testigo, quien todavía mantiene una deuda con su cliente. El hombre confirmó que se notaba que la mujer tenía habilidades en el entorno de las entidades bancarias.

Otro afectado contó que se interesó en un piso en la zona de Sa Indioteria, y tras pagar 15.400 euros de reserva, vio a personas en la propiedad. Al llamar a la puerta, le informaron que habían comprado la vivienda hace un mes y podían mostrarle la escritura.

La fiscalía solicita ocho años de prisión y una multa de 8.760 euros para cada miembro de la familia acusada por un delito de estafa agravada. Por otro lado, una acusación particular pide seis años de cárcel para un cuarto acusado, un hombre de origen marroquí que supuestamente actuó como intermediario en algunas transacciones. El juicio continuará el jueves, pero se espera que los acusados no declaren sino hasta la próxima semana, al final del proceso.