PALMA, 27 Ene.

El Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha criticado este viernes la exención del catalán en la sanidad pública asegurando que "beligerante la ley y deja indefensos a los ciudadanos".

En una carta pública, el departamento mostró así su acompañamiento a la solicitud que la Obra Cultural Balear (OCB) y el sindicato STEI hicieron a fin de que se alteren las bases del desarrollo de estabilización del IB-Salud, tal como a la convocatoria urgente del pleno del Consejo Social de la Lengua Catalana.

"Comprendemos que esta medida piensa un recorte de los derechos lingüísticos de los pacientes y que, además de esto, crea desigualdades en el seno del personal de la Comunidad Autónoma por visto que el requerimiento de probar la rivalidad no se aplica de forma igualitaria", apuntan en el escrito.

El Departamento de Filología Catalana ten en cuenta que el producto 4 del Estatuto de Autonomía recopila que el catalán es la lengua caracteristica de Baleares y que tiene carácter oficial y que fija la obligación que tienen las instituciones públicas de asegurar la utilización habitual del español y el catalán.

Al mismo tiempo, en afirmaciones a Europa Press, el directivo del departamento, Jaume Guiscafré, explicó que "comprendieron que como departamento debían decir algo".

Según ha señalado, a iniciativa de múltiples pertenecientes se ha propuesto un artículo inicial que salió "afinando" y que se presentó a todos y cada uno de los instructores del área a fin de que expresasen su situación a favor o en contra. Todos los que respondieron, 19 de prácticamente 30, se presentaron a favor, con lo que se ha anunciado.

Para Guiscafré, una medida como esta supone 'de hecho' que ciudadanos no logren tener la posibilidad "de utilizar el catalán ciertamente en sus comunicaciones".

Según el directivo del departamento, además de esto, otro hecho "denunciable" es que el Govern, o parte de él, en referencia al PSIB, impulse medidas a fin de que "se deje de usar el catalán" y no a fin de que los gobernantes adquieran un cierto conocimiento para atender a los ciudadanos. "Comprendemos que esto supone un recorte de los derechos lingüísticos de los ciudadanos", ha concluido.