El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Palma, Gabriel Oliver, ha manifestado su preocupación por la lentitud en la administración de justicia, subrayando que una respuesta tardía del sistema judicial no cumple con las expectativas que la sociedad exige. Desde que asumió el cargo hace unas semanas, ha estado evaluando estrategias para solucionar el congestionamiento existente en las secciones penales y civiles.

Oliver, quien llevó a cabo su elección tras un largo proceso, ha prometido encontrar “soluciones creativas” para abordar esta problemática. Aunque estas propuestas aún están en desarrollo, ya se han implementado algunas medidas, como el refuerzo temporal de personal en las secciones con el apoyo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Las dificultades en el sistema judicial han llevado al presidente a justificar que estas soluciones prioritarias buscan prevenir la suspensión de juicios y mitigar el retraso acumulado. Una de las opciones exploradas incluye la petición al Consejo General del Poder Judicial para que realice una inspección extraordinaria en la Sección Segunda de la Audiencia, reconocida por sus altos niveles de retraso.

Oliver ha enfatizado que esta inspección podría proporcionar una visión clara sobre la situación y ayudar a formular soluciones efectivas. Sin embargo, no se ha resuelto si los magistrados de la Sección Segunda, que ya tienen vistas programadas hasta 2029, podrán centrarse exclusivamente en la celebración de juicios en el corto plazo.

A pesar de su optimismo respecto a que nuevas oficinas judiciales mejorarán la distribución del trabajo y permitirán programar juicios más ágilmente, Oliver ha admitido que la implementación de la ley de eficiencia de la Justicia podría dar lugar a "disfunciones" iniciales en el sistema.

El presidente de la Audiencia ha recalcado que es esencial enfocarse en cómo el nuevo modelo judicial puede desenvolverse, anticipando que este cambio, ya en marcha en localidades como Inca y Manacor, eventualmente logrará agilizar el proceso judicial.

En lo que respecta a los retrasos en la justicia, se estima que el año pasado finalizó con más de 111,000 asuntos pendientes en Baleares, afectando a cerca de 200,000 personas. En el 2025, aunque la situación no parece mejorar, Oliver ha señalado que las secciones civiles han enfrentado un aumento en el volumen de trabajo debido a la acumulación de casos provenientes de juzgados de primera instancia desbordados.

El magistrado ha compartido que su sección ha manejado más de 800 casos en julio, una cifra que solía recibir durante todo un año, evidenciando la presión sobre el sistema. Aunque las secciones penales se mantienen estables, también han visto un incremento en su carga de trabajo, lo que complica aún más la situación.

Oliver ha advertido que la justicia debe proporcionar respuestas en tiempos acordes, ya que la dilación en la resolución de los casos afecta la confianza del ciudadano en el sistema. “Una justicia que tarda no cumple con su función”, ha enfatizado, señalando que las largas esperas generan desconfianza en la capacidad del sistema judicial.

Cambiando de tema, en relación a las críticas que enfrenta el poder judicial, Oliver ha detectado un clima de polarización que permea la discusión sobre estos problemas. Aunque se abstuvo de opinar sobre la actitud de los políticos, reconoció que los jueces están recibiendo una atención mediática sin precedentes, lo que no había experimentado en sus tres décadas de carrera.

El presidente ha reiterado la importancia de que los jueces actúen con discreción, protegiendo su imparcialidad y llevando a cabo su trabajo sin interferencias externas, cumpliendo así con su responsabilidad constitucional.

En cuanto a otros temas de actualidad, como la efectividad de las pulseras antimaltrato para proteger a víctimas de violencia de género, Oliver ha confirmado que, aunque ha habido algunos problemas, no se ha puesto en peligro a ninguna mujer en Baleares. La migración también ha sido objeto de discusión, y aunque no quiere hacer consideraciones generales, sí se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que las decisiones judiciales sean juzgadas con base en ideologías en lugar de hechos.

Finalmente, sobre el caso del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que promete ser el primer gran juicio mediático en su administración, Oliver ha mantenido su neutralidad, afirmando que su rol es garantizar que se celebre el procedimiento judicial de manera normal, salvaguardando la integridad del proceso.