El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitar de manera urgente una reunión. El motivo de esta reunión es reclamar el pago de 230 millones de euros correspondientes al convenio de carreteras.

"Necesitamos recuperar los 230 millones de euros que el Gobierno del Estado nos robó a los mallorquines durante la pasada legislatura. Necesitamos este dinero para mejorar nuestras carreteras en la isla", declaró Galmés ante los medios de comunicación.

En la carta enviada al ministro, el presidente del Consell destaca el agravio comparativo entre las inversiones en infraestructuras que reciben otras comunidades autónomas, como por ejemplo la reciente construcción de la línea de alta velocidad de tren Madrid-Asturias, que tuvo un coste de 4.000 millones de euros. En contraste, Mallorca reclama solo 230 millones de euros, los cuales le están siendo negados por el Gobierno de España.

Además, Galmés señala que las Islas Canarias sí disponen de un convenio con financiación estatal para mejorar y modernizar sus infraestructuras.

En la carta, el presidente mallorquín recuerda al ministro que el convenio entre el Gobierno de España y el Consell fue firmado en 2007, y que después de algunas modificaciones, el pasado 14 de diciembre de 2021, el gobierno insular anterior acordó liquidar el convenio ejecutado hasta el 2 de octubre de 2020, quedando un importe de 228,5 millones de euros aún pendiente de ejecución.

Entre las obras pendientes se encuentran infraestructuras cruciales para mejorar la movilidad y los accesos a Palma, como el tramo I de la vía conectora, las variantes de Inca, Artà y Campanet, y la ronda de Sencelles.

Galmés destaca que los costes actualizados de todas las actuaciones programadas pueden superar los 300 millones de euros en la actualidad. También lamenta que el Gobierno de España haya cerrado la puerta a negociar los convenios de carreteras con los Consells a partir de marzo de 2023, argumentando que estas inversiones deben financiarse mediante el factor de insularidad del régimen especial de Baleares.

En su carta, Galmés expresa su desacuerdo con esta decisión, afirmando que "la financiación del factor de insularidad debe destinarse a nuevas inversiones públicas por parte del Gobierno central en Baleares, como forma de compensar las desventajas de la insularidad, pero de ninguna manera para incluir las cantidades adeudadas de los convenios de carreteras".

En declaraciones a los medios, Galmés resalta que uno de los principales problemas actuales en Mallorca es la inseguridad al circular por las carreteras, así como los atascos diarios. Estos problemas afectan tanto la calidad de vida de los ciudadanos como la imagen turística e internacional de la isla.