En un giro notable de los acontecimientos en Palma, el GOB ha hecho un llamado contundente para que se desestime el actual proyecto del Govern que planea la extensión de la línea ferroviaria desde Sa Pobla hasta Alcúdia. La entidad ecologista insiste en que es crucial diseñar un plan nuevo que respete el entorno y promueva la participación ciudadana en su desarrollo.

Este lunes, el GOB presentó varias objeciones al proyecto ferroviario que está en fase de consulta pública, argumentando que la propuesta actual carece de viabilidad y sostenibilidad. En su declaración, la organización sostiene que la iniciativa es una "falta de justicia social" y que presenta debilidades legales significativas.

Los ecologistas han expresado su descontento con el proceso de elaboración del proyecto, que, según ellos, ha sido elaborado sin escuchar a los ciudadanos, agricultores y organizaciones locales. Para solucionar esta falta de participación, proponen extender el periodo de alegaciones y establecer un verdadero proceso participativo que involucre a la comunidad.

Además, han señalado que los trazados A1 y A2 ofrecen opciones que causarían un fuerte daño ambiental y urbanístico. En lugar de seguir estas alternativas, el GOB sugiere optar por una ruta que respete la reserva de suelo del Plan de Carreteras, alineándose con la vía de la Ma-13 para reducir el impacto sobre la fragmentación del territorio.

En caso de que esto no se lleve a cabo, advierten que los espacios como la 'Marjal' de Sa Pobla, así como los huertos y regadíos tradicionales, estarían en riesgo. Los ecologistas también han subrayado las amenazas que representaría perforar los montes de Son Fe y Sant Martí, que poseen un valor paleontológico, arqueológico e hidrogeológico notable.

Adicionalmente, el GOB señala que las rutas consideradas pueden perjudicar el Parque Natural de s'Albufera y regiones propensas a inundaciones, ya que contravendrían diversas normativas y disposiciones destinadas a la conservación del medio ambiente.

Por otro lado, la entidad ecologista rechaza el enfoque actual del proyecto, considerándolo basado en un modelo de movilidad que favorece los intereses turísticos en lugar de atender las necesidades de la población local. Según sus afirmaciones, el esquema no asegura una adecuada integración tarifaria o de horarios con la red de transporte TIB, ni contempla conexiones con tranvías, bicicletas o estacionamientos disuasivos, lo que lo convierte en un proyecto ineficiente y costoso.

El GOB cierra su declaración con una crítica contundente, afirmando que "el tren debería ser un medio para promover la movilidad sostenible y la cohesión social, y no una excusa para devastar el territorio en pro de intereses comerciales".