El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha expresado su optimismo respecto a las negociaciones para aumentar el plus de insularidad que reciben los funcionarios del Estado, indicando que están progresando favorablemente.

Durante una reciente entrevista, Rodríguez se refirió a la falta de efectivos en las fuerzas de seguridad, enfatizando que no se está perdiendo personal, y estimó que las viviendas destinadas a la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ibiza estarán disponibles en un plazo de cuatro años.

En otro tema, el delegado descartó cualquier posibilidad de cogestión de los aeropuertos de Baleares por parte del Gobierno regional, y criticó que se señale a Aena como la causa de la masificación turística, calificando esta percepción de “algo trampa”.

Rodríguez explicó que la demanda de cogestión por parte del Govern parece un intento de desvincular su responsabilidad en la saturación del turismo, culpando erróneamente al Gobierno central. Afirmó que el Ejecutivo regional debería asumir su parte en la situación actual.

El presidente Pedro Sánchez también ha dejado claro que la opción de compartir la gestión de los aeropuertos no está sobre la mesa, a pesar de que este asunto ha suscitado un consenso general entre varios partidos de la isla.

El delegado expresó su escepticismo respecto a que la cogestión realmente aborde los problemas de masificación, afirmando que la presidenta del Govern, Marga Prohens, debería centrarse en limitar el crecimiento desmedido del turismo en lugar de solo señalar culpables.

Rodríguez hizo una crítica contundente al Pacto por la Sostenibilidad y a otras iniciativas, argumentando que no están cumpliendo con su propósito y que, por el contrario, facilitan que la oferta turística continúe creciendo sin control.

En cuanto a la gestión aeroportuaria, Sánchez se mostró dispuesto a fortalecer los comités de coordinación para permitir que las decisiones sean más inclusivas, aunque Rodríguez destacó la necesidad de evaluar cuidadosamente propuestas como la limitación de 'slots' para las aerolíneas.

Sobre la solicitud de reducir la capacidad de asientos, el delegado advirtió que esto podría tener un impacto negativo en los residentes, aumentando los precios y complicando su acceso a los vuelos.

Rodríguez también subrayó la importancia de controlar la demanda turística en Baleares, aclarando que la responsabilidad de la masificación no debería caer solo en la infraestructura aeroportuaria.

En relación con el plus de insularidad, el delegado ha mantenido varias reuniones con representantes sindicales, centrándose en la necesidad de actualizar las indemnizaciones que los funcionarios del Estado reciben por residir en las islas.

El progreso de estas negociaciones, según Rodríguez, es alentador, aunque aún no hay acuerdos definitivos. Mencionó que el enfoque ha cambiado hacia el presupuesto de 2026, donde esperan incluir esta mejora en la función pública.

Un tema preocupante es la escasez de efectivos en las fuerzas de seguridad, aunque desde el Gobierno han asegurado que están aumentando el número de agentes. Rodríguez recordó que, a pesar de las alertas de los sindicatos, las cifras de efectivos han ido en aumento desde el inicio de la gestión de Sánchez.

En su intervención, Rodríguez hizo hincapié en la necesidad de adaptar los cuerpos de seguridad al crecimiento de la población en Baleares, que ha aumentado aproximadamente un 20% en los últimos 15 años.

Respecto a la construcción de viviendas para agentes de la autoridad, el delegado consideró su desarrollo como prioritaria y afirmó que deberían estar disponibles en un plazo no superior a cuatro años.

Rodríguez también criticó a Prohens por no implementar una ley estatal que limite el costo de los alquileres, sugiriendo que otros municipios ya están haciendo esto con buenos resultados.

El delegado interpretó ciertas decisiones de la presidenta regional como una subordinación de las políticas del PP a intereses más amplios, lo que ha dificultado el abordaje de la crisis habitacional.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a buscar un consenso en torno a la crisis de vivienda, argumentando que es vital mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos sin favorecer los negocios de los promotores en detrimento del bienestar social.