Infacto legal en la incautación de móviles de policías podría invalidar investigación, sostiene defensa de Penalva y Subirán.
La defensa del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, a cargo del abogado Javier Barinaga, ha solicitado hoy la anulación de toda la investigación argumentando irregularidades en la detención y confiscación de los teléfonos móviles de los agentes Iván Bandera y Blanca Ruiz, lo cual desencadenó la investigación del caso.
El juicio contra los antiguos instructores del caso Cursach continúa hoy con los informes de las defensas, las cuales han comenzado con la presentación de Barinaga, quien recordó que uno de los agentes instructores, Juan Márquez o Juan Palomo, admitió que el objetivo de la detención era precisamente confiscar el teléfono móvil.
"La serie de violaciones y violación de derechos de los señores Márquez y Palomo es asombrosa", señaló Barinaga, haciendo hincapié en que la confiscación de los teléfonos móviles se llevó a cabo sin presencia de un abogado.
En su informe de conclusiones, el abogado argumentó que la investigación contra el agente de policía Iván Bandera se basaba en un hecho "crucial", que fue la intervención de los teléfonos móviles de los periodistas, tras lo cual el agente declaró voluntariamente. "Si hubiera habido alguna evidencia, deberían haber declarado en presencia de un abogado", agregó.
El abogado se basó en jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la necesidad de la presencia de un abogado para que un acusado decida si entrega o no las claves de su teléfono. "Esa es la clave", insistió.
De manera similar, el abogado se refirió a la entrega del teléfono móvil de la agente Blanca Ruiz y su traslado a Mallorca. "Una vez más, sin la presencia de un abogado", afirmó. "El móvil es como Tamariz, desaparece y vuelve a aparecer en Palma", añadió, indicando que la cadena de custodia no se rompió "porque nunca existió".