El sacerdote jesuita acusado de abusos sexuales en Palma, junto con otro miembro de la orden y un cura diocesano, fue sacado de la comunidad de Oviedo después de la primera denuncia en 2021.

La Compañía Jesuita en Asturias confirmó que el sacerdote estuvo en Oviedo desde septiembre de 2016 hasta 2021 y que no se conocieron incidentes negativos relacionados con él durante ese tiempo.

Una vez que se presentó la primera denuncia en 2021 ante el tribunal diocesano de Mallorca, se le ordenó a este sacerdote (F.M.) abandonar inmediatamente la comunidad y se encuentra aislado en otra comunidad de la Compañía.

Este sacerdote trabajó en el colegio San Ignacio de Oviedo durante 2016 y 2021, y ha sido denunciado en Palma junto con otro jesuita y un sacerdote diocesano por presuntos abusos sexuales que ocurrieron en la isla durante 30 años.

La denuncia penal se presentó en abril de 2023. En el colegio ovetense, este sacerdote celebraba las misas más importantes del año, en las que participaban los alumnos del centro, incluyendo las celebraciones de Primera Comunión.

La Compañía de Jesús en Mallorca emitió un comunicado lamentando el daño causado a la víctima y afirmando que conocieron la acusación en abril de 2021 a través de la denuncia de la víctima al obispado de Mallorca.

En junio de 2021 se impusieron nuevas medidas cautelares a los denunciados, que incluyen restricciones de movimiento, limitación completa de su actividad pastoral, prohibición de actividades con menores y adultos, y la obligación de someterse a una evaluación psicológica. Según la Compañía, los acusados residen en comunidades jesuitas donde estas medidas se pueden cumplir.

Paralelamente, el provincial de España inició dos procesos canónicos de investigación previa y los jesuitas quedaron bajo supervisión de sus superiores. También se estableció contacto con la víctima denunciante a través de la delegada de Entorno Seguro, y este contacto se mantiene en la actualidad.

En cuanto al sacerdote diocesano, el Obispado de Mallorca explicó que, al tener conocimiento de los hechos, se inició una investigación que fue remitida al entonces Congregación de la Doctrina de la Fe (ahora Dicasterio de la Doctrina de la Fe) de Roma, el organismo competente en estos casos penales.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, impuso medidas cautelares al sacerdote, dado que no tenía ningún cargo pastoral. Estas medidas incluyen la prohibición del ejercicio público del sacerdocio, el seguimiento psicológico y una seria dirección espiritual.

Después de la denuncia, el tribunal diocesano trasladó el caso contra los religiosos jesuitas a sus Superiores Mayores, ya que el tribunal diocesano no era competente para investigar a estos religiosos en esta causa y la congregación religiosa debía llevar a cabo su propio procedimiento.

La Congregación Romana decretó el inicio de un proceso administrativo penal para esclarecer los hechos denunciados, pero debido a diversas causas, este proceso se ha prolongado en el tiempo.

Actualmente, se espera la resolución judicial final de los organismos romanos, que según las noticias, está próxima. El Obispado reitera su disposición a cooperar con las autoridades judiciales del Estado y proporcionar toda la información necesaria para facilitar la investigación judicial.