La presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Palma ha tomado la controvertida decisión de disolver el jurado popular que se ocupaba de un caso especialmente desgarrador: la muerte de un bebé que fue arrojado a un contenedor en Porto Cristo, Mallorca. Este procedimiento ha sido suspendido de forma definitiva, arrojando dudas sobre el futuro legal del asunto.

Según la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la jueza argumentó su decisión citando las inquietudes sobre la validez del testimonio de un perito, el cual fue presentado por los abogados de los acusados. Esta situación ha puesto en entredicho la continuidad del proceso judicial.

El informe aportado por la defensa no cumplía con los requisitos establecidos en la ley de enjuiciamiento criminal, la cual demanda que los peritos tengan un título oficial reconocido. Esto llevó a la magistrada a concluir que no era posible proseguir con el juicio sin comprometer el derecho a una defensa adecuada, así como el principio de igualdad ante la ley.

Adicionalmente, la defensa ha manifestado dificultades para localizar al perito mencionado, quien había sostenido la teoría de que el bebé había muerto por un aborto. Esta escasez de pruebas ha dejado a los acusados en una situación defensiva complicada y ha alimentado aún más la controversia en el caso.

Durante la audiencia de este jueves, donde se formalizó la decisión de suspendimiento y disolución del jurado, la Fiscalía solicitó que se investigue al perito que había declarado. A la petición no se opuso la defensa, lo que llevó a la jueza a ordenar una investigación contra este profesional.

La Audiencia de Palma ahora debe nombrar un nuevo juez o jueza para presidir un tribunal popular que será compuesto por nuevos jurados, iniciando nuevamente el proceso judicial desde el principio.

EL CRIMEN Y SUS IMPLICACIONES

Este juicio, que se detuvo tras haber comenzado el 27 de octubre, implicaba a la madre y al tío del bebé, quienes enfrentaban una acusación severa de asesinato con una posible condena de prisión permanente revisable. Por su parte, la cuñada de la madre estaba acusada de omisión de socorro con una multa de 5.400 euros.

Los hechos que dieron origen a este caso tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023, cuando la madre, que estaba embarazada de unas 26 o 27 semanas, dio a luz en un automóvil, junto a su hermana y su cuñado. Pese a la proximidad de un hospital, optó por entregarle al hombre el cuerpo del neonato para desecharlo en un contenedor cercano antes de huir del lugar.

Durante la primera sesión del juicio, la fiscal defendió que la bebé "nació viva y llegó caliente al hospital", tras ser rescatada del contenedor. Afirmó contundentemente que "la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron".

Por su parte, el abogado defensor de la madre reconoció que las acciones de ella foram "una barbaridad", pero insistió en que no se podía calificarla como asesina. La abogada del tío argumentó que el hombre no tenía conocimiento del embarazo de su cuñada, ni de que estaba arrojando a un recién nacido al contenedor, y aseguró que “nunca se podía imaginar que había depositado un feto humano”.

Profesionales médicos del Hospital de Llevant, donde fue atendido el bebé, testificaron que, aunque la criatura había nacido viva, las circunstancias del parto y el tiempo transcurrido hasta su rescate podrían haber impactado en su estado al llegar al hospital.