Crónica Baleares.

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La Audiencia deliberará sobre la capacidad de CI Postal para acusar a sus empleados o asumir la responsabilidad por irregularidades.

La Audiencia deliberará sobre la capacidad de CI Postal para acusar a sus empleados o asumir la responsabilidad por irregularidades.

La Fiscalía respalda la anulación de las notificaciones y considera que la empresa no puede ejercer la acusación

PALMA, 23 Ene.

La Audiencia Provincial de Baleares será la encargada de decidir si CI Postal, la concesionaria del servicio de notificación de multas de Palma, puede actuar como acusación en la causa penal por las multas no notificadas, o si, por el contrario, debe ser considerada responsable civil subsidiaria y asumir posibles indemnizaciones.

La jueza del Juzgado de Instrucción 4 de Palma determinó que tanto la empresa como el Ayuntamiento de Palma deberían ser responsables civiles en esta causa, una posición que también apoyaron la Fiscalía y los afectados.

En el caso están siendo investigados dos trabajadores encargados de la notificación de las multas. Uno de ellos admitió haber falsificado sistemáticamente las entregas debido a la imposibilidad de cumplir con los objetivos. De esta manera, transfirieron la responsabilidad al funcionamiento habitual de la empresa.

Otros empleados que declararon como testigos confirmaron que las duras condiciones de reparto hacían imposible entregar las notificaciones a tiempo.

Presuntamente, era común simular la entrega registrando una geolocalización relativamente cercana al domicilio en el dispositivo electrónico que llevaban los repartidores. En algunos casos, también se falsificaron firmas.

Por estas razones, la Fiscalía considera que la empresa podría tener responsabilidad como persona jurídica. Una responsable de las oficinas estuvo bajo investigación temporalmente, pero finalmente fue desimputada. Fuentes del grupo de afectados critican que la empresa intentara "culpar a los trabajadores y lavarse las manos".

CI Postal impugnó la decisión de la jueza, y el recurso aún está pendiente de resolución.

En el proceso penal hay cientos de afectados, algunos de forma individual, pero la mayoría están agrupados en una asociación llamada 'Stop Multes Sense Notificació', que está representada por el abogado Antoni Bennàssar.

Los perjudicados nunca recibieron las notificaciones de multas de tráfico en Palma y fueron sancionados administrativamente con importantes recargos. CI Postal se opuso a que los afectados fueran parte en la causa, pero el juzgado los admitió como tal hace unos meses.

En un informe reciente, la Fiscalía respalda la anulación de las notificaciones y sus efectos. El número de personas involucradas en el proceso supera las 230, aunque es posible que el número real de afectados sea mucho mayor.

Según un estudio de las notificaciones publicadas en el Boletín Oficial (BOE), la asociación señala que entre 2019 y 2023 más de 130,000 personas podrían haber sido afectadas por sanciones viales sin notificación. El colectivo estima que los importes oscilan entre 45 y 50 millones de euros.

En este sentido, otro debate en curso es si el Ayuntamiento debe revisar automáticamente todos los expedientes, ya que es la entidad que tiene los datos para hacerlo, en lugar de limitarse solo a los ciudadanos que han contratado a un abogado para reclamar en este procedimiento.

El juzgado también considera que puede haber responsabilidad civil por parte del Ayuntamiento debido al funcionamiento anormal de una de sus concesionarias.

Por su parte, los afectados ven una intención recaudatoria en el diseño de los procedimientos a nivel municipal. Según lo explicado por la Asociación, en la mayoría de los municipios, si el interesado no responde en 20 días a la primera notificación, se considera que el titular del vehículo es el conductor. Sin embargo, en el caso de Palma, la infracción de tráfico se convierte en un expediente administrativo que acusa al ciudadano de negarse a identificar al conductor, lo que lleva a una triplicación automática de los importes.

El colectivo afirma que este procedimiento se implementó en Cort antes de la contratación de CI Postal. Además, entre otras cuestiones, también responsabilizan al Ayuntamiento por aceptar la geolocalización como prueba suficiente para llevar adelante los expedientes en 20 días.

La causa judicial no incluye la aparición de miles de cartas comerciales en torrentes y descampados de Palma.