La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado una pena de 16 años y medio más de cárcel para el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y el subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Se considera que deben ser condenados por detención ilegal de los familiares del exdiputado Álvaro Gijón.

El fiscal ha presentado un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), que condenó a ambos funcionarios a nueve años de prisión por coacciones, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir filtraciones.

En el recurso de la Fiscalía se argumenta que los investigadores del caso Cursach también deberían ser condenados por tres detenciones ilegales, las de los padres y el hermano de Gijón. Por cada uno de estos delitos, el fiscal solicitaba cinco años y medio de prisión, lo que sumaría un total de 16 años y medio más para cada uno de los acusados. Además, se pedía una indemnización de 6.000 euros para cada familiar detenido.

Los padres y el hermano de Gijón fueron arrestados en junio de 2017, y la sentencia considera que fue una medida para presionar al político y obtener una confesión en la investigación del caso ORA.

El Tribunal Superior determinó que los hechos eran condenables bajo la figura de coacciones a Álvaro Gijón y ordenó una indemnización de 6.500 euros. Sin embargo, no consideró que se tratara de detención ilegal, ya que existía una causa judicial abierta por el presunto amaño de la ORA en el momento de las detenciones.

La Fiscalía argumenta que las detenciones fueron desproporcionadas e innecesarias, utilizadas para presionar al político, y que afectaron los derechos de los tres arrestados. Se sostiene que la sentencia del TSJIB no sanciona ni repara el perjuicio a los familiares de Gijón.

En el escrito de acusación, la Fiscalía había solicitado 121 años y nueve meses de prisión para Subirán y 118 años para Penalva. Además del Ministerio Fiscal, las defensas y varias acusaciones, incluida la familia Gijón, han presentado un recurso contra la sentencia del TSJIB.