• jueves 2 de febrero del 2023

La Justicia británica reconoce la inmunidad Juan Carlos I hasta su abdicación frente a la demanda de Corinna Larsen

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El tribunal cree que el juez Nicklin se confundió y ten en cuenta que "la inmunidad estatal es un derecho absoluto"

El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales ha reconocido la inmunidad a Juan Carlos I en las actuaciones anteriores a su abdicación como Rey de España en 2014 frente a la demanda por acoso que presentó la que fuera su amiga íntima Corinna Larsen. Así, la demanda proseguirá su curso, que podría terminar en un juicio civil, pero sin tomar en consideración los hechos presuntamente sucedidos en el momento en que era Jefe de Estado; o sea, incluiría solo los hechos que la empresaria ubica de 2014 a 2020.

En una resolución, a la que tuvo ingreso Europa Press, el tribunal ha aceptado el recurso de casación que presentó el rey emérito y ha concluido que "la presunta conducta anterior a la abdicación" de Juan Carlos I es "inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país".

El tribunal ha corregido de este modo la conclusión a la que llegó el pasado 24 de marzo el juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Justicia británico, que determinó que Juan Carlos I no disfrutaba de inmunidad en Reino Unido gracias a su abdicación en 2014 del cargo de Rey de España.

La resolución tiene sitio en el contexto de un trámite civil que se prosigue en Reino Unido a causa de una demanda que presentó Larsen en 2020 para soliciar a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costos de su régimen médico de salud psicológica, por la "instalación de cuestiones de inseguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" a fin de que interviniesen con el fin de "terminar al acoso" que afirma recibir por la parte de Juan Carlos I.

El pasado 8 de noviembre, los abogados del rey emérito presentaron frente a la corte de apelaciones los razonamientos por los que consideraban que debía revocarse la resolución inicial del juez Mathew Nicklin de no admitir inmunidad ninguna a Juan Carlos I por el supuesto acoso denunciado por Larsen, poniendo el foco exactamente en que, si según ella el CNI participó en los hechos por orden del entonces monarca, serían "actos soberanos" y también inmunes.

En una vista oral que duró poco mucho más de cinco horas, el tribunal escuchó la solicitud de la defensa de Juan Carlos I de revertir la resolución adoptada el 24 de marzo por el juez Nicklin. La Justicia británica autorizó al rey emérito a recurrir, pero solo en relación a los hechos pasados entre 2012 y 2014, con lo que la visión se centró en ese transcurso, más allá de que la demanda de Larsen dibuja un horizonte temporal que llega hasta 2020: primero la habría presionado para retomar la relación y después habría intentado perjudicarla en sus negocios como venganza.

En este momento, el Tribunal de Apelaciones dió la razón al rey emérito. En 26 folio, explicó que "la inmunidad estatal de la jurisdicción civil de los tribunales extranjeros se aplica tanto a la conducta extraterritorial imputable a un Estado en el chato en todo el mundo, como a la conducta interna de un Estado, aun en el momento en que esa conducta se refiera a procesos penales y no civiles en todo caso".

La corte ha considerado que el juez Nicklin "se confundió" y ha incidido en que "la inmunidad estatal es un derecho absoluto" que "impide cualquier examen de fondo".

"El juez asimismo se confundió al estimar importante para la intención de inmunidad estatal, si los actos de supervisión y también intrusión física en la propiedad del demandado recursos fueron completados por agentes de la CNI u otros 'contratistas'; y al acabar que no podría haber 'ningún reclamo concebible de inmunidad servible' respecto a contratistas", ha señalado en este momento la Justicia británica.

Para la corte de apelaciones, el juez Nicklin "se confundió al acabar que la conducta anterior a la abdicación aducido fue una conducta privada". "En primer rincón, se centró equivocadamente en la causa del derecho de adentro de acción de acoso, en el momento en que lo conveniente es estimar los supuestos actos particulares. En segundo rincón, trató equivocadamente como esencial que los actos aducidos fuesen actos que cualquier especial podría efectuar", consta en la resolución emitida este martes.

LA ACTUACIÓN DEL CNI SERÍA ATRIBUIBLE AL ESTADO

Así las cosas, el tribunal ha incidido en que "si un acto es uno que ningún ciudadano privado -y solo un gobierno- podría hacer, es siempre una acto público o soberano".

En el marco de la resolución, hizo referencia a las alegaciones de Corinna Larsen, quien ha incluido en su demanda supuestas actuaciones de acoso por la parte del directivo del CNI, Félix Sanz Roldán, que --según ella-- estarían orquestadas por nuestro rey emérito.

El tribunal ha asegurado que --si nuestra Larsen señala que Sanz Roldán actuaba en calidad de directivo del CNI-- "él y los operativos del CNI con los que actuó, actuaron en todo instante material o pretendieron accionar como agentes del Estado español".

"Ya que el Estado es quien se encarga de los actos completados bajo el motivo de autoridad, estén o no autorizados o sean legítimos en el marco nacional o derecho en todo el mundo, sus actos serían, consecuentemente, atribuibles al Estado español", ha señalado.

LA REACCIÓN DE CORINNA LARSEN

Tras hacerse pública la resolución de la corte de apelaciones, Michael Kim de Kobre

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