El Juzgado de Instrucción 21 ha dictaminado la desestimación de la querella presentada por ocho mujeres contra un agente de la Policía Nacional, acusado de utilizar relaciones sexoafectivas para infiltrarse en los movimientos sociales de Barcelona durante un periodo de más de tres años.

Según ha informado un comunicado conjunto de la asociación Irídia y el sindicato CGT, el caso salió a la luz pública en enero y las mujeres afectadas presentaron una querella por delitos como tortura, atentado contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos, entre otros.

Irió ha manifestado su intención de apelar la decisión ante la Audiencia Provincial y confían en que, tal y como ha ocurrido en casos similares de denuncias por torturas y malos tratos, la Audiencia acepte su argumento sobre el derecho a llevar a cabo investigaciones efectivas en el marco de la prohibición absoluta de la tortura.

Las abogadas de la acusación también han señalado que sería especialmente grave que una denuncia por delitos de tortura y atentado contra la integridad moral quede sin investigar. El uso de relaciones sexoafectivas como medio para obtener información, generando una profunda humillación y dolor, es un elemento fundamental en esta denuncia y no puede ser ignorado.

Además, han denunciado que "cruzan todas las líneas rojas", ya que no respetan el derecho a la intimidad, a la vida privada, a la libertad de asociación y reunión, ni a la libertad de expresión de las personas.

Según han añadido, estas relaciones no han sido casuales, sino intencionales y estratégicas por parte de la policía, y han tenido un impacto significativo en la dignidad y moral de las afectadas. Cabe recordar que, conforme al marco legal actual, este tipo de infiltraciones solo se pueden llevar a cabo en investigaciones judiciales relacionadas con casos de terrorismo, crimen organizado y tráfico de estupefacientes, lo cual no es el caso en esta situación.

Las organizaciones Irídia y CGT también han expresado preocupación ante la falta de respuesta por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien no ha reconocido la existencia de esta operación o la necesidad de investigarla.

Según han afirmado, es inaceptable que el máximo responsable de Interior dé por sentado que las fuerzas de seguridad nunca incurren en malas prácticas o comportamientos delictivos y ignore denuncias tan graves por parte de la ciudadanía.

En su calidad de representantes legales de las afectadas, Irídia y CGT exigen que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva y efectiva para esclarecer los casos de infiltración de manera inmediata.