En una rueda de prensa celebrada hoy en Palma, el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, dejó claro que el Gobierno no tiene intenciones de permitir la construcción de viviendas en los polígonos industriales, tal como lo han solicitado algunas asociaciones empresariales.
Según Sáenz de San Pedro, el objetivo principal del borrador de la ley es mejorar las infraestructuras de las industrias, incentivar el tejido industrial y potenciar la economía, sin desviar el enfoque hacia otros usos como la vivienda.
Junto con la directora general de Industria y Polígonos Industriales, Íngrid de la Fuente, se presentó el anteproyecto de la futura Ley de Áreas de Promoción Industrial a distintas asociaciones y administraciones públicas.
Durante la presentación, se resaltaron los principales objetivos de la normativa, haciendo énfasis en la importancia de la colaboración público-privada y el asociacionismo en la gestión de los polígonos industriales.
El conseller destacó la relevancia de los polígonos en Baleares y la necesidad de evolucionar hacia nuevos modelos de gestión que fomenten la colaboración público-privada.
El objetivo final es modernizar y gestionar correctamente las áreas de promoción industrial del archipiélago, con el fin de aumentar la competitividad territorial y empresarial de las empresas ubicadas en estas zonas.
De acuerdo con Sáenz de San Pedro, el impulso y la mejora de los polígonos industriales también tendrán un impacto positivo en la creación de empleo y el desarrollo industrial y empresarial en la región.
El Gobierno insiste en su política de fomentar la instalación y expansión de nuevas empresas en los polígonos industriales, promoviendo y modernizando estas áreas para atraer inversiones y mejorar la competitividad de las empresas.
La ley que se espera sea aprobada pronto por el Gobierno, influirá en la gestión de los 53 polígonos industriales de Baleares, que actualmente albergan a 6.163 empresas y dan trabajo a 53.830 personas.
En la reunión participaron representantes de patronales, cámaras de comercio, asociaciones sectoriales, colegios profesionales y diversas administraciones públicas, además de la presencia de Roger Pumares, gerente de servicios de promoción económica de la Diputación de Barcelona, quien compartió el modelo de éxito de colaboración público-privada implementado en Cataluña.
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