PALMA, 3 de diciembre.

En Palma, alrededor de 1.500 mujeres son atendidas por unidades especializadas de la Policía Nacional y la Policía Local debido a situaciones de violencia machista. Sin embargo, solo 25 de estas víctimas cuentan con pulseras de seguimiento que las protegen de sus agresores.

Este alarmante dato fue compartido el miércoles por Eduardo Pérez, jefe de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Palma, con motivo de la jornada ‘La violencia machista desde una mirada profesional’, organizada por UGT.

Pérez destacó que aumentar la cantidad de dispositivos de control podría ser crucial para mejorar la seguridad de las mujeres afectadas por la violencia. También hizo referencia a un reciente caso en Costitx, Mallorca, donde un agresor reincidente ignoró una orden de alejamiento, lo que pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las autoridades en la prevención de este tipo de delitos.

En la situación de Costitx, el oficial comentó que hay comportamientos de los maltratadores que resultan complicados de detener. Afirmó que aún es prematuro emitir juicios definitivos sobre el caso, el cual está siendo investigado por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

“No siempre tras un suceso de esta magnitud se puede atribuir la culpa a un fallo”, subrayó. “Es fundamental reconocer que hay comportamientos que son intrínsecamente difíciles de controlar. A pesar de los esfuerzos realizados, algunas consecuencias son inevitablemente trágicas”, lamentó.

El enfoque del jefe de la UFAM fue que las órdenes de protección son más efectivas cuando se complementan con seguimiento telemático. También hizo un llamado a la colaboración constructiva en lugar de buscar culpables, señalando la importancia de mejorar continuamente los sistemas de protección.

De acuerdo con Pérez, cada agente está encargado de alrededor de cien víctimas, lo que pone presión sobre los recursos. A pesar de que en los últimos años se ha duplicado el número de efectivos de la UFAM, enfatizó la necesidad de aumentar las plantillas para atender adecuadamente a todas las víctimas.

La jornada se da en un contexto preocupante, donde las oficinas de atención a víctimas están notando un incremento en la detección de casos entre mujeres cada vez más jóvenes, incluso algunas menores de edad.

Noelia Gabaldón, psicóloga de la Oficina de asistencia a víctimas del delito del Ministerio de Justicia en Palma, reveló que el miedo a las represalias del agresor sigue siendo un factor determinante que impide a muchas mujeres presentar denuncias.

Este temor, añadió Gabaldón, proviene también de la posible falta de recursos para su protección, lo que crea una sensación de desconfianza ante el sistema. En muchos casos, las víctimas han adoptado comportamientos de apaciguamiento hacia sus agresores, lo que complica aún más el proceso de denucia.

La profesional también admitió que, a lo largo de los años, el sistema de protección ha creado expectativas que no siempre logra cumplir, lo que puede desincentivar a las víctimas a buscar ayuda.

En dos décadas desde la aprobación de la ley contra la violencia de género, el perfil de las víctimas ha cambiado notablemente. Anteriormente, la mayoría eran mujeres de entre 40 y 60 años, mientras que ahora se observa un aumento en el número de jóvenes e incluso menores de edad que enfrentan situaciones de violencia grave, tanto física como psicológica.

María José Cordero, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, subrayó la urgencia de reforzar los recursos destinados a la prevención, protección y atención de las víctimas de violencia machista, además de investigar las fallas en el caso de Costitx.

Asimismo, Cordero abogó por incrementar los servicios psicológicos y sociales, así como los programas de alojamiento, para mejorar la salud mental de las víctimas y evitar su convivencia con los agresores.

Por último, hizo hincapié en que es crucial ofrecer más medios a las Fuerzas de Seguridad y al sistema de Justicia para optimizar la protección y seguimiento de los casos, reduciendo los tiempos de espera y mejorando las estadísticas de atención.

Además, insistió en la importancia de aumentar la inversión en educación sobre igualdad y coeducación desde la infancia, así como la capacitación de familias y personal educativo para detectar casos de riesgo. Cordero resaltó que, en el entorno laboral, el acoso sexual y por razón de sexo son las formas más comunes de violencia, una realidad que a menudo queda ensombrecida y que requiere atención urgente a través de la creación de delegados sindicales en igualdad.