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Política 24 de Abril de 2026 · 16:33h 2 min de lectura

Mallorca eleva a cinco años la residencia para acceder a ayudas sociales por guerra en Irán

El Consell de Mallorca ha decidido incrementar el requisito de residencia legal para acceder a las ayudas sociales relacionadas con los efectos económicos de la guerra en Irán. La nueva normativa exige cinco años de residencia, en lugar de los tres inicialmente previstos, para beneficiarse del paquete de 9 millones de euros gestionado por el IMAS.

Este cambio forma parte de un conjunto de medidas en un contexto de incremento de fondos destinados a mitigar las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio. La decisión se enmarca en un acuerdo político que busca priorizar la ayuda a residentes antiguos en la isla, en línea con otras políticas similares implementadas por el Gobierno en diferentes comunidades autónomas.

Desde el punto de vista político, la medida refleja una tendencia a reforzar los criterios de acceso a ayudas sociales en un momento de tensión política y social. La presencia de Vox en el Consell ha sido decisiva para impulsar estas modificaciones, bajo la argumentación de favorecer a los españoles y promover el arraigo en Mallorca.

El aumento de los requisitos ha generado debate respecto a su compatibilidad con la normativa constitucional y europea. Fuentes del Consell han recordado que las ayudas deben respetar los marcos legales vigentes y que la exclusión de beneficiarios por nacionalidad sería contraria a la legislación comunitaria.

En el contexto actual, el Consell ha aprobado ya otros presupuestos destinados a paliar los efectos del conflicto, sumando en total cerca de 88 millones de euros en distintas actuaciones, incluyendo obra pública y remanentes de tesorería. La estrategia apunta a reforzar la protección social en un escenario de incertidumbre internacional.

De cara al futuro, la medida podría sentar un precedente para la revisión de otros requisitos en políticas sociales en la isla. Sin embargo, expertos consideran que la tensión entre criterios nacionales y legales continuará siendo un tema de debate en el ámbito político y social.

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