El 22 de junio en Palma, el partido MÉS per Mallorca ha lanzado una ambiciosa propuesta para el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Baleares de 2025, solicitando una adición de 99 millones de euros destinados a garantizar el acceso a la vivienda.

Mediante un comunicado oficial, MÉS ha revelado que ha elaborado alrededor de veinte enmiendas centradas en la ley de presupuestos para el próximo año, con el objetivo de asegurar que el derecho a la vivienda se materialice de manera efectiva en la región.

El partido, que se identifica como ecosoberanista, argumenta que el presupuesto presentado por el Govern para abordar la crisis habitacional es claramente insuficiente. Proponen un conjunto de medidas que abordan la situación tanto a corto como a largo plazo, que incluyen desde deducciones universales para alquileres hasta la creación de oficinas de apoyo a ciudadanos en situaciones vulnerables, además de la necesidad de incrementar la inversión en vivienda social y considerar la reconversión de hoteles para este propósito.

Ferran Rosa, diputado de MÉS, ha expresado su preocupación sobre la insuficiencia del presupuesto actual del Govern, afirmando que no satisface las demandas de los ciudadanos en cuanto a vivienda. Señaló que la inversión destinada a nuevas viviendas de protección oficial es escasa y que el programa de 'Alquiler Seguro' no cumple con los objetivos previstos.

El legislador ha remarcado la urgencia de que la comunidad autónoma de Baleares movilice recursos públicos suficientes para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna.

Para alcanzar este propósito, MÉS ha planteado diversas enmiendas que incluyen, entre otras, la asignación de 40 millones de euros adicional para que el Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) compre viviendas en Palma y un incremento de 2,7 millones de euros para mejorar los recursos del Ibavi en cuanto al tanteo y retracto. Además, se propone la creación de un plan piloto para transformar hoteles en desuso en viviendas sociales, que tendría un costo de seis millones de euros.

Por último, el partido también sugiere la transferencia de dos millones de euros a los consells insulares para combatir el sinhogarismo, así como 600.000 euros para establecer una oficina de asesoramiento sobre vivienda en colaboración con el Colegio de Abogados. También plantean que las ayudas para acceder a la vivienda se conviertan en una prestación universal para quienes tengan derecho a un alquiler social.