El 25 de octubre en Palma, el partido MÉS per Mallorca ha dado un paso significativo al presentar ante los municipios de la isla una propuesta de ley destinada a restringir la compra de viviendas por parte de personas no residentes.

Según un comunicado emitido por la formación, la iniciativa busca salvaguardar el uso residencial de las propiedades y combatir la especulación inmobiliaria en Baleares. La propuesta, que ya ha sido registrada en el Parlament, está siendo promovida por Lluís Apesteguia, coordinador general del partido ecosoberanista, en diversas agrupaciones municipales que desean participar en este proceso.

Apesteguia, durante un evento celebrado en Algaida, enfatizó que la propuesta busca asegurar que cada familia tenga acceso a su propia vivienda y que esta se utilice efectivamente para el bienestar de las familias. El acto en Algaida fue el segundo en una serie de presentaciones iniciadas en sa Pobla.

El portavoz de MÉS per Mallorca subrayó la urgencia de implementar medidas excepcionales para abordar lo que califica como una crisis habitacional. Según su perspectiva, es esencial que las viviendas estén destinadas a aquellos que realmente desean establecerse en Mallorca y formar su hogar aquí.

La propuesta de ley se apoya en ejemplos de otros países europeos que han impuesto restricciones similares en la compra de viviendas. Mencionó a Dinamarca, Malta y las Islas Äland en Finlandia como ejemplos de jurisdicciones que han limitado la adquisición de inmuebles por no residentes. Apesteguia destacó que tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como diversas decisiones del Tribunal de Justicia de la UE permiten estas restricciones, siempre que se cumplan ciertos criterios de interés general.

Para justificar la aplicabilidad de estas restricciones, la propuesta detalla que los municipios deberán cumplir al menos tres de diez condiciones específicas, tales como un aumento en los precios de compra o alquiler por encima del 3% respecto al IPC de las Baleares en los últimos cinco años, el establecimiento de umbrales para viviendas vacías o no principales, y comparaciones con el salario medio balear y el precio medio de las viviendas en el conjunto del país.

Por último, MÉS per Mallorca propone un marco temporal de diez años para evaluar el impacto de estas restricciones, lo que permitirá decidir si deben mantenerse o levantarse. La formación también argumenta que es posible implementar hasta tres medidas concretas para abordar esta situación, que incluyen la limitación de compras a no residentes, entidades jurídicas y aquellos que ya poseen una vivienda habitual.