Nuevo impulso legislativo en el Parlament para prohibir a acosadores ser docentes.

PALMA, 24 de marzo. En una sesión reciente, el Parlament ha aprobado en su totalidad una propuesta de ley presentada por el Partido Popular que busca prohibir a quienes han sido condenados por acoso a menores ejercer cualquier profesión que implique contacto con estos. Esta medida busca elevar la protección de la infancia y la adolescencia ante situaciones de riesgo.

La iniciativa fue respaldada por 50 votos a favor provenientes de varios grupos políticos, mientras que Vox optó por la abstención, no apoyando así la medida en su totalidad. De ser finalmente aprobada en la Cámara de Baleares, la ley sería enviada al Congreso para completar su tramitación.

El propósito de esta reforma es extender las causas por las cuales una persona puede ser inhabilitada para desempeñar roles profesionales que requieran un contacto regular con menores. Hasta ahora, la normativa solo consideraba delitos relacionados con la agresión sexual y el tráfico de personas, pero la nueva propuesta quiere incluir también delitos de acoso, maltrato y delitos de odio.

Marga Durán, diputada del PP y defensora de esta propuesta, enfatizó la necesidad de proporcionar un entorno seguro para los niños y certeza a sus familias. Este planteamiento surge en un contexto marcado por la preocupación de los padres ante el regreso a las aulas de un docente condenado por acoso, un hecho que suscitó el clamor de los progenitores por la protección de sus hijos. Sin embargo, Durán resaltó que la propuesta no es una reacción a un caso específico, sino una medida necesaria para la seguridad infantil.

El Partido Popular ha denunciado que la legislación actual limita la capacidad de la Conselleria de Educación y de las instituciones educativas para actuar de manera efectiva y contundente ante este tipo de situaciones. En sus palabras, el partido hizo un llamado a la responsabilidad y a la cooperación entre todos los grupos políticos para transmitir un mensaje claro a la sociedad sobre la seguridad de los menores.

La diputada del PSIB, Amanda Fernández, también reconoció la existencia de un vacío legal en esta área, que debe ser abordado para garantizar la seguridad de los niños y sus familias. No obstante, Fernández sugirió que la propuesta del PP podría tener como fin más la búsqueda de imagen pública que una intención real de mejorar la legislación.

Desde MÉS per Mallorca, se reconoce igualmente la urgencia de introducir estos cambios legislativos. La ecosoberanista Maria Ramon afirmó que es esencial ampliar las causas de inhabilitación para incluir delitos de odio y agresiones, lo que permitiría una mayor protección de los menores en actividades educativas.

Joana Gomila, menorquinista, expresó su apoyo a la iniciativa, destacando que su objetivo es fortalecer la seguridad infantil y prevenir conductas abusivas y delictivas. Mostró optimismo en que la ley reciba el respaldo del PP y PSOE en el Congreso. También se unió al respaldo el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien insistió en la necesidad de especial protección para los menores.

El único grupo que se opuso a la evaluación de la propuesta fue Vox, que decidió abstenerse alegando que cualquier modificación debería abordarse con un enfoque más amplio y no de forma fragmentada. Manuela Cañadas, diputada de Vox, cuestionó la omisión de ciertos delitos, como aquellos vinculados al terrorismo, en la lista de inhabilitaciones propuestas.