El Parlament ha aprobado este martes, con 57 votos a favor, una Proposición No de Ley (PNL) del PP por la que se insta al futuro Gobierno de España a hacer efectiva una insularidad digna en Baleares.

En concreto, la iniciativa pide al próximo Gobierno central que, en paralelo a la estrategia del Govern de captación y fidelización, haga efectiva una insularidad digna. Esta compensación deberá ser "real, justa y efectiva", y tendrá que incorporarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

En segundo lugar, se insta al futuro Ejecutivo a realizar un estudio económico sobre los costes reales originados a los empleados del sector público estatal que realizan sus funciones en la Comunidad, para actualizar la indemnización por residencia "a la realidad" y conseguir "la equidad en el atractivo de destino".

La diputada del PP Cristina Gil ha sido la encargada de defender la PNL presentada este martes por su grupo, insistiendo en que Baleares se ha convertido "en un destino de castigo", donde "el coste de vida es alto y la insularidad no está compensada" para estos empleados públicos.

En esta línea, ha enfatizado que la iniciativa va dirigida a evitar la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores y fomentar que Baleares sea un destino atractivo.

"Es necesario estimular la atracción y permanencia por medio de complementos, y en mayor medida si se trata de las islas menores", ha advertido la 'popular' durante su intervención, reiterando que la Comunidad balear "debe resultar atractiva y debe serlo en las mismas condiciones que en otros territorios que no padecen los efectos de la insularidad".

La siguiente en intervenir ha sido la diputada socialista Sílvia Cano, quien ha hecho referencia, "como motivos reales por los que faltan profesionales", al precio de la cesta de la compra, a la dificultad de acceso a una vivienda o a la limitación de movilidad, "y no al catalán".

Seguidamente, ha defendido las tres enmiendas de su grupo, encaminadas a pedir al Estado que descentralice los procesos selectivos de oposición y la oferta pública de empleo tanto en la celebración como en la elección de destino; establecer un complemento de fidelización para puestos de trabajo de difícil cobertura, o para catalogar como plazas docentes de difícil ejercicio las plazas de centros educativos con poca estabilidad en Menorca, Ibiza y Formentera.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha resaltado la importancia de "tener un servicio de calidad y eficiente", y ha enfatizado que "gran parte de esta calidad" pasa por los trabajadores y que estos "se sientan reconocidos con laborales óptimas".

Con todo, ha lamentado que el aspecto insular "siempre ha supuesto un agravio" y ha criticado que el complemento no se revise desde 2006 en Baleares, lo que implica que "ha quedado desfasado". Por todo ello, ha pedido, entre otras cuestiones, la transferencia de las competencias de Justicia, un REIB "a la altura de las Islas y una financiación justa".

De su lado, la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, ha alertado del "éxodo de funcionarios públicos dependientes de la Administración del Estado" que sufre Baleares, donde "todo el que puede huye".

Al respecto, ha mencionado como motivos la carestía de la vida, "que no se ve compensada", pero también las "políticas públicas intervencionistas y desastrosas de la última década", tildando de "ridículos" los pluses de insularidad decretados por el Gobierno central y mencionando también la "traba de tipo lingüístico" en las Islas.

Por último, el diputado de Sa Unió Lorenzo Córdoba ha evidenciado también la "falta de funcionarios" en las Islas, lo que hace que "sea más complicado mantener la calidad de servicio que en otras comunidades autónomas", y entre los motivos ha destacado la falta de vivienda a precios asequibles y la carestía de la cesta de la compra.