El Partido Popular (PP) ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta a actualizar las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en Baleares en el ejercicio 2024.

En esta propuesta, el PP solicita que se modifiquen las cuantías para adaptarlas a la realidad actual, con una dotación presupuestaria mínima de 18 millones de euros adicionales a los que se reconocerán para 2024. También se reclaman las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con esta actualización.

En su exposición de motivos, el PP argumenta que los costes de la insularidad que enfrentan los ciudadanos de las Islas son mucho más altos de lo reconocido por el Estado hasta la fecha. Se menciona un dictamen de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que señala los costes adicionales derivados de la insularidad, como un efecto arancel de entre el 13 y el 17 por ciento en la importación de bienes y servicios.

Además, se mencionan los mayores costes de producción, adquisición de bienes de capital y acceso a los mercados, lo que dificulta la exportación. El PP destaca que desde diciembre de 2020, el IPC en Baleares ha subido un 17 por ciento, por encima de la media nacional.

El partido también argumenta que el mercado inmobiliario en Baleares ha experimentado un encarecimiento considerable en los últimos años, lo que dificulta la provisión de empleados del sector público estatal en la región. Esta situación ha llevado a un deterioro considerable en la calidad de los servicios públicos prestados por el Estado en Baleares.

Por estos motivos, el PP considera necesario actualizar las indemnizaciones por residencia para favorecer la permanencia de los empleados públicos en las Islas. También se busca garantizar una mayor ocupación de los puestos de trabajo y compensar la distancia entre las islas y el resto del territorio.

El PP recuerda que en 2019 había 9.473 efectivos al servicio del sector público estatal en Baleares, y la cantidad destinada a indemnización por residencia fue de 8.481.272,06 euros. La media mensual por empleado fue de 74,61 euros.

El partido argumenta que la actualización de estas indemnizaciones no representará un gran desembolso para el Estado. También se menciona el último estudio y actualización de la indemnización por residencia, realizado hace 17 años, y se resalta la necesidad de realizar un nuevo estudio para ajustar las cuantías a la realidad actual.