PALMA, 26 Nov.

El Partido Popular (PP) y Vox han manifestado su oposición a una proposición no de ley que proponía al Govern la eliminación del monolito de Sa Feixina y la creación de un espacio de memoria en homenaje a las víctimas de la dictadura, además de respaldar su inclusión en el censo estatal de símbolos franquistas.

Esta propuesta, defendida por el diputado socialista Omar Lamin durante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, fue rechazada por completo, lo que demuestra la división en torno a este tema tan polémico.

Entre los puntos de la iniciativa se encontraba instar al Ayuntamiento de Palma a excluir el monumento de Sa Feixina del catálogo de elementos protegidos a nivel municipal.

De igual manera, la proposición hacía un llamado al Govern para que promoviera la retirada de otro monolito franquista en la explanada de Maó y que este también fuera incluido en el censo estatal.

Por otra parte, casi todos los grupos políticos, excepto el PSIB que se abstuvo, apoyaron una proposición no de ley presentada por el diputado 'popular' Rafael Nadal, la cual busca mejorar las condiciones laborales del personal examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Baleares y reducir los tiempos de espera para los exámenes del carnet de conducir.

Como resultado, el Parlament ha instado al Gobierno central a aumentar de forma urgente los recursos destinados a Baleares, con el objetivo de ampliar la plantilla de examinadores y revisar sus condiciones laborales, incluyendo incentivos adicionales.

Además, se ha solicitado la realización de un estudio para establecer cuántos examinadores son necesarios para asegurar que las listas de espera para las pruebas de conducir no excedan las tres semanas.

La iniciativa también propone que mientras no se cubran las vacantes, el Ejecutivo central despliegue equipos itinerantes de refuerzo, contrate interinos y amplíe las horas extraordinarias para satisfacer la demanda existente.

Asimismo, los diputados han mostrado casi un respaldo unánime a una tercera proposición no de ley presentada por la socialista Teresa Suárez, que busca reforzar la coordinación y el despliegue de recursos en las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.

El Parlament ha pedido al Govern que asuma un papel de liderazgo en Protección Civil, especialmente en intervenciones fuera del ámbito municipal, así como fomentar la colaboración con los ayuntamientos.

Además, se ha exigido la ejecución de un plan integral de divulgación y sensibilización sobre protección civil, incluso en caso de prórroga presupuestaria, así como adaptar las políticas de prevención de emergencias a las nuevas realidades territoriales derivadas de cambios legislativos en urbanismo, sobre todo en áreas con alto riesgo natural.

El único punto que no contó con el apoyo de todos los grupos fue el que solicitaba al Ejecutivo autonómico que destinara presupuesto al plan estratégico de voluntariado de Protección Civil, aprobado en 2023, aunque esto no impidió su aprobación.