La tensión política en Baleares se intensifica mientras Vox denuncia un intento por parte de la izquierda de "ocultar su pasado manchado de sangre", apuntando también al Partido Popular (PP) por "sacralizar un único discurso".

En una reciente sesión del Parlament, se ha dado luz verde a la consideración de una propuesta de ley que busca derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de la región. Este impulso ha sido respaldado por PP y Vox, generando críticas airadas desde los grupos de izquierda y el diputado de Sa Unió, Llorenç Córdoba, quien ha expresado su desacuerdo con esta iniciativa.

La propuesta ahora deberá avanzar en el proceso legislativo, y podría ser aprobada definitivamente si obtiene el respaldo necesario. Si se lleva a cabo, se anularían diversas comisiones y organismos creados bajo la normativa actual, así como los procesos que aún no han sido finalizados, salvo aquellos relacionados con la exhumación.

Este no es el primer intento de Vox de desmantelar la ley de memoria, ya que previamente, a finales del año pasado, el PP bloqueó la propuesta a cambio de que la izquierda diera luz verde a otras iniciativas. Sin embargo, en recientes negociaciones sobre los presupuestos de 2025, se acordó la derogación de esta ley entre los dos partidos.

La reactivación de la discusión sobre la derogación ha llevado a la izquierda a acusar a la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, de traicionar su compromiso con ellos.

Fuera del Parlament, miembros de Memòria de Mallorca se manifestaron enérgicamente contra la derogación. Durante el pleno, el portavoz de Vox, Sergio Rodríguez, abrió el debate calificando la ley de memoria democrática como "totalmente injusta". Argumentó que impone restricciones sobre cómo se debe pensar y hablar sobre el pasado.

Rodríguez recordó episodios de la Segunda República, denunciando la "falta de libertad" y las destrucciones masivas que tuvieron lugar, acusando a la izquierda de intentar ocultar su historia violenta a través de esta legislación.

El representante de Vox también planteó la cuestión de si es posible recordar a los "muertos inocentes de ambos bandos", advirtiendo que la narrativa de buenos y malos es una simplificación dañina. Afirmó que este intento de reescribir la historia es inaceptable.

Desde el PP, la diputada Cristina Gil subrayó que las leyes de memoria representan una intrusión del Estado en la libertad de pensamiento, censurando hasta a los historiadores y promoviendo un relato único, más típico de dictaduras que de sistemas democráticos.

Gil dejó en claro que el objetivo de su partido es defender los valores democráticos, enfatizando que no aceptan la utilización de la memoria como un arma política. Criticó a la izquierda por instrumentar el franquismo para desviar la atención de otros conflictos políticos actuales.

El diputado del PSIB, Omar Lamin, defendió la relevancia de la ley de memoria como un recurso vital para asegurar que no se repitan las atrocidades del pasado. Argumentó que recordarnos de dónde venimos es esencial para la convivencia pacífica.

Lamin también acusó a Prohens de traicionar su acuerdo con la izquierda, sugiriendo que su deseo de mantener el poder la llevó a ceder ante las presiones de la extrema derecha.

La diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, lamentó que el Parlament se viese arrastrado a discutir un tema tan crucial para la identidad nacional, responsabilizando al PP por romper la confianza depositada por la izquierda.

Otras voces de la oposición también se unieron a este llamamiento, criticando la profunda falta de compromiso del PP con el recuerdo y la dignidad de quienes sufrieron en el pasado.

El debate sigue en el aire, y la expectativa es que la derogada ley de memoria, que se promulgó en 2018, continúe siendo un punto de fricción en la política balear.