PALMA, 14 de noviembre. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reafirmado su compromiso con la creación del registro de objetores a la interrupción voluntaria del embarazo, un proceso que, según ha indicado, avanza con pasos firmes y que requiere del tiempo adecuado para cumplir con todas las formalidades establecidas.

En una reciente conferencia de prensa, Prohens explicó que el desarrollo de este registro se encuentra todavía a la espera de varios informes esenciales que deben ser emitidos por el Consell Consultiu, lo que ha provocado una ralentización en el proceso. "No me voy a saltar ningún proceso sólo porque el presidente del Gobierno me lo solicite. Quizás él debería informarse mejor sobre cómo se gestiona la modificación de un decreto o la creación de un registro", afirmó, mostrando una clara determinación en su postura.

Prohens también aclaró que el progreso de la creación del registro sigue su curso habitual conforme a la legislación vigente en Baleares. "Así lo he comunicado en una carta al presidente, quien no ha respondido aún", añadió la presidenta, destacando la normalidad del proceso frente a las presiones externas.

Estas afirmaciones llegan en un contexto de creciente tensión, ya que la Comunidad de Madrid ha declarado su intención de defender el derecho a la objeción de conciencia en la materia del aborto, en respuesta a la presión del Gobierno central para establecer el registro de objetores. "Preferimos que sea un tribunal quien decida lo que hay que hacer, en lugar de un Gobierno con una agenda sectaria que ignora las preocupaciones de la ciudadanía", subrayó la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute.

En el mismo sentido, la ministra de Sanidad, Mónica García, recordó a la Comunidad de Madrid que hoy es el último día para cumplir con la entrega del registro de médicos objetores, lo que añade un nuevo elemento a la discusión. Baleares y Aragón también están entre las comunidades que deben completar este trámite antes de la fecha límite anunciada.

Prohens, al referirse a la controversia con la Comunidad de Madrid, argumentó que se trata de un intento del Gobierno central para desviar la atención de sus propias controversias. "No hay ninguna polémica de mi parte, ya que estoy comprometida a seguir los procedimientos establecidos por la ley en Baleares, independientemente de las declaraciones del presidente del Gobierno de España", concluyó con firmeza.