Roca afirma que el Ayuntamiento de Palma brindó alojamiento a todos los exhabitantes de la antigua prisión.

El Ayuntamiento de Palma, a través de su segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, ha confirmado que se han ofrecido opciones de vivienda a todos los residentes de la antigua prisión de la ciudad. Sin embargo, Roca ha declarado que hasta el momento, ningún residente ha aceptado las alternativas propuestas.

Durante la sesión del Pleno municipal de este jueves, Roca abordó la delicada situación que se vive en el antiguo recinto penitenciario, así como la decisión del municipio de retirar a los individuos del padrón de personas en situación de vulnerabilidad.

Según la regidora, la intención del Consistorio es abordar un problema de seguridad significativo mediante el desalojo de este inmueble y cumplir con las obligaciones legales pertinentes para recuperar el espacio.

La representante edilicia añadió que el objetivo es "evitar situaciones de riesgo" tanto para los que viven allí como para la comunidad en general, y subrayó que se han ofrecido alternativas para su realojo.

En otro punto de la discusión, Roca sostuvo que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) había proporcionado distintas opciones a los residentes, de las cuales ocho mostraron interés, pero finalmente las rechazaron. "Los servicios sociales son de carácter voluntario, no se puede forzar a nadie a aceptarlos", enfatizó.

Además, la regidora mencionó que han mantenido conversaciones con el Obispado de Mallorca en búsqueda de soluciones "eficaces y reales", lamentando que cualquier intento de impedir el desalojo se considera una "responsabilidad grave".

Lourdes Roca también criticó a los miembros de la oposición por su actitud de "superioridad moral" al dar lecciones sobre la protección a los más vulnerables, recordando que en sus pasadas gestiones en el Ayuntamiento, las condiciones de estos ciudadanos no mejoraron.

La comparecencia de Roca fue solicitada por Unidas Podemos, cuya representante, Lucía Muñoz, ha exigido la dimisión de la regidora o su cese inmediato por parte del alcalde, Jaime Martínez.

Muñoz, en su intervención, expresó su preocupación por las personas que están en "mayor vulnerabilidad", advirtiendo que su desalojo podría dejarlas "en la calle, a la intemperie".

La edil también hizo referencia a "errores" en el censo de los residentes en la antigua prisión y a "disfunciones" en la coordinación entre instituciones para atender la situación. Asimismo, reprochó que trabajadores municipales hubiesen retirado pertenencias como mantas de los afectados.

Por otro lado, tildó de preocupantes las afirmaciones del alcalde sobre que las soluciones habitacionales eran "temporales" y solo aplicables a "determinados perfiles", sugiriendo que esto podría crear una división entre ciudadanos de primera y segunda clase que podrían quedar en la calle.

En relación al padrón municipal, Muñoz advirtió sobre posibles "bajas masivas", y criticó que se solicitaran listados a organizaciones como la Cruz Roja, asegurando que la acción municipal debería "garantizar derechos".

La regidora de Unidas Podemos destacó que estas bajas pueden tener "consecuencias graves", como dificultades para acceder a servicios sociales, atención sanitaria o incluso la pérdida del derecho al voto, describiendo la situación como un "escándalo" y criticando a Roca por atribuir la responsabilidad a los técnicos municipales.

En respuesta, Roca aclaró que el procedimiento se basa en una circular técnica, y explicó que la Cruz Roja es la entidad responsable de actualizar el registro de personas en situación de calle.

La regidora agregó que se utilizó la información de la Cruz Roja para crear un listado que categoriza a los empadronados, tomando en cuenta diferentes grupos, como aquellos que están en centros sociales o que han estado desconectados durante un largo periodo.

Roca también destacó que este procedimiento no es nuevo y que ya existía en 2017 y 2020, épocas en las que la oposición gobernaba. Por ende, defendió que la revisión del padrón se ha realizado con "criterios técnicos", asegurando que los Servicios Sociales deben verificar que estas personas residan efectivamente en el municipio.

Contrario a lo que se podría pensar, Roca subrayó que el inicio de este procedimiento no implica una baja inmediata del padrón y que muchas personas se han reubicado durante el proceso, lo que permite archivar su expediente satisfactoriamente.

Finalmente, Roca refutó acusaciones de "bajas masivas" o motivadas por decisiones políticas, insistiendo en que todas las acciones están fundamentadas en la normativa estatal vigente, y reafirmó que el Ayuntamiento continúa gestionando el empadronamiento de aquellas personas que requieren acceso a servicios sociales esenciales, mencionando que aproximadamente 1.500 personas están registradas en esta situación en el OAC de Avenidas.