En un debate que generó controversia, el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, presentó su defensa de la nueva ley destinada a regular y modernizar las áreas de promoción industrial en Baleares. Según Sáenz de San Pedro, esta legislación es “imprescindible, práctica y esperada” para impulsar el desarrollo económico de las Islas.

Durante su intervención en un pleno extraordinario, el conseller destacó la “relevancia crucial” que esta norma tendrá para el tejido empresarial de la región. Señaló que, hasta ahora, no existía un marco jurídico claro para gestionar y modernizar las áreas industriales, lo cual hacía falta. También mencionó que la ley fue elaborada en colaboración con el sector empresarial, resaltando su carácter consensuado.

Uno de los principales propósitos de esta ley es promover el asociacionismo entre las empresas. Sáenz de San Pedro indicó que, de los 53 polígonos existentes en Baleares, solo unos pocos cuentan con asociaciones que gestionen la coordinación y las oportunidades de mejora entre las empresas.

El conseller también afirmó que la normativa se caracteriza por su flexibilidad, asegurando que no impone restricciones, sino que otorga las herramientas necesarias para que cada polígono decida el método de gestión que mejor se adapte a sus requerimientos. “Es una ley que se ajusta a las necesidades de cada área”, puntualizó.

Por otro lado, los representantes de la izquierda no tardaron en manifestar sus críticas, alegando que la ley carece de consistencia y que presenta “incoherencias”. El diputado del Partido Socialista, Marco Guerrero, sugirió que la normativa “debería ser suspendida” y propuso revisarla antes de su presentación oficial en septiembre.

Guerrero resaltó que el texto contiene incongruencias, haciendo hincapié en un tipo de colaboración que fue retirado debido a una modificación propuesta por Vox. Además, lamentó la eliminación de una Comisión dedicada a la Competitividad de las Áreas de Promoción Industrial, a raíz de otra enmienda impulsada por el partido de Santiago Abascal.

Desde Més per Menorca, el diputado Josep Castells consideró que la ley no aportará cambios significativos ni permitirá acciones que no sean posibles en la actualidad. Calificó la normativa de “muy burocrática”, señalando que la falta de apoyo a la promoción pública de suelo industrial y la omisión de cuestiones de sostenibilidad son sus puntos débiles más evidentes.

Asimismo, el diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, coincidiendo con Castells, argumentó que aunque la ley “no perjudica”, tampoco resuelve los problemas existentes. Criticó la redacción de la norma, indicando que está llena de “incoherencias y errores” y sugirió que solo servirá para que el conseller se adjudique méritos.

La diputada de Vox, Manuela Cañadas, hizo hincapié en la necesidad de eliminar “dogmas climáticos” de la ley mediante la única enmienda activa de su partido, que aboga por derogar disposiciones relacionadas con políticas climáticas. Cañadas argumentó que la verdadera barrera es la “ideologización” en cuestiones normativas vinculadas a medio ambiente, urbanismo y burocracia.

El diputado popular, Jordi López, defendió que la ley es de carácter técnico y generalista, estructurando las bases para desarrollo posterior mediante reglamentos y cooperación público-privada. López destacó que cada área presenta realidades distintas, motivo por el cual se escucharon todas las voces durante la elaboración de la ley, incorporando numerosos cambios propuestos.

En cuanto a las críticas sobre la falta de atención a la sostenibilidad, López discrepó, afirmando que, “aunque la ley se centra en los polígonos, no en el medio ambiente, es respetuosa con este”. La discusión en torno a la ley refleja las tensiones políticas que marcan el panorama actual en Baleares.