El Senado ha dado un paso significativo al aprobar, este miércoles, la Ley de Movilidad Sostenible. Este texto ha sido respaldado por una serie de enmiendas presentadas por el Partido Popular (PP), que superan la octogenaria cifra, destacando una propuesta que garantiza la gratuidad del transporte público en las Islas Baleares para el próximo año.

Además de esta enmienda, el Pleno también ha dado el visto bueno a otras medidas de gran relevancia, como la eliminación del calendario que establecía el cierre progresivo de las centrales nucleares, la congelación de las tasas de los aeropuertos gestionados por Aena, y la reactivación de la política de indemnización por retrasos en Renfe.

La Cámara Baja se dispondrá a votar las enmiendas que han sido discutidas en la Cámara Alta en la sesión plenaria programada para la próxima semana. Tras esta fase, el texto será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su ratificación final.

En la fase de dictamen en el Senado, el conjunto de la ley fue aprobado gracias a la mayoría absoluta del PP, con el apoyo de la abstención de partidos como Junts, ERC y PNV. En el pleno donde se aprobó la remisión al Congreso, los senadores del PP optaron por la abstención, mientras que 113 senadores votaron a favor, incluyendo a los 88 del PSOE. Vox, en cambio, se opuso al texto.

En el Congreso, la ley tuvo el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, mientras que PP, Vox y UPN votaron en contra, y Podemos se abstuvo. Durante una votación anterior en el Senado, Vox intentó bloquear la ley en su totalidad, pero el PP decidió reintegrarla al Congreso con sus enmiendas, con la esperanza de alcanzar acuerdos con otros partidos afines.

Una de las enmiendas más significativas es la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares, un tema que ya había sido debatido en el Congreso anteriormente, donde se mostró apoyo para extender la vida útil de estas instalaciones, con votos favorables de PP, Vox y UPN.

El PP de Baleares ha manifestado su satisfacción por la inclusión de la enmienda que promueve la gratuidad del transporte público en el archipiélago para el año que viene. Este descuento del 100% se aplicaría a los abonos y títulos multiviaje, permitiendo al Gobierno regional recibir el financiamiento estatal necesario para cubrir los costos del servicio.

El senador Miquel Jerez ha enfatizado que el PP ha jugado un papel clave para asegurar una medida que beneficiará a miles de ciudadanos en Baleares. Además, la enmienda reafirma la consideración de la condición insular y garantiza que tanto Baleares como Canarias obtendrán ayuda estatal específica para financiar la gratuidad del transporte público en 2026, con recursos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El senador Jerez ha expresado su deseo de que, al regresar el proyecto de ley al Congreso para su aprobación final, se respete la voluntad expresada por el Senado, advirtiendo que cualquier cambio sería una gran decepción y una falta de respeto hacia los ciudadanos de Baleares.

El PP también ha propuesto reactivar las indemnizaciones por retrasos en el AVE, que devolverían el 50% del precio del billete a partir de 15 minutos de retraso, y el 100% a partir de 30 minutos. Recientes estadísticas indican que un 16,2% de los trenes llegó con más de 15 minutos de atraso, y un 7,8% con más de media hora.

Otras enmiendas incluyen la congelación de las tasas aeroportuarias hasta 2031 y la reformulación del mapa concesional de autobuses estatales que actualmente está en desarrollo por el Gobierno.

La Ley de Movilidad Sostenible, tal como fue inicialmente aprobada en el Congreso, incorpora varias medidas, entre las que se encuentran el compromiso gubernamental para revisar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico y la obligación de las gasolineras de ofrecer, al menos, un punto de recarga para vehículos eléctricos.

Además, se ampliarán las empresas públicas y privadas que deberán tener planes de movilidad sostenible, reduciendo el número mínimo de trabajadores necesarios para estar sujetos a esta normativa.

Esta ley, que proviene de la legislatura anterior, representa uno de los compromisos asumidos por España ante la Comisión Europea para acceder a aproximadamente 10.000 millones de euros en fondos europeos, marcando un hito en las políticas de movilidad del país.