PALMA, 11 Nov. - La crisis de la propiedad de vivienda en España está alcanzando niveles alarmantes, con un descenso cercano al 7% en el número de propietarios desde 2007. Esta situación, alertada por el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, podría acentuar las desigualdades sociales en el país.

Durante su intervención en las jornadas tituladas 'El futuro de la vivienda. Nuevas soluciones en Baleares', organizadas por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, Nasarre expuso su análisis sobre los aciertos y errores de las políticas habitacionales en España. El evento se llevó a cabo este martes y se centró en examinar cómo las decisiones recientes han afectado el acceso a la vivienda.

Nasarre, autor de la obra 'Los años de la crisis de la vivienda', presentó diversos datos que reflejan una preocupante baja en la propiedad de viviendas, ahora en alrededor del 73%. Según él, esta tendencia no es solo un fenómeno aislado, sino un indicativo de que la desigualdad entre familias está en aumento.

El académico subrayó que, ante la imposibilidad de los ciudadanos de adquirir viviendas, los grandes capitales, incluidos fondos de inversión y compradores extranjeros, están acaparando propiedades. “La propiedad privada no desaparece; si a los más desfavorecidos se les impide comprar, otros lo harán en su lugar”, apuntó Nasarre.

Este fenómeno, según el catedrático, resulta de políticas que, aunque intentan resolver la crisis habitacional, en realidad perpetúan una mayor concentración de la propiedad. Nasarre hizo comparaciones con los países escandinavos, donde se ha observado que una menor tasa de propiedad está asociada a mayores niveles de desigualdad.

“Es alarmante saber que hemos perdido siete puntos en la tasa de propietarios de vivienda; esto no es una buena noticia, sino un claro aumento de la desigualdad familiar”, enfatizó Nasarre, quien advirtió sobre la correlación entre la caída de propietarios y el aumento de precios en el sector inmobiliario desde la implementación de diversas leyes en años recientes.

El catedrático también proporcionó estadísticas inquietantes sobre el mercado, señalando que el 11% de los compradores son personas jurídicas y un 14% son extranjeros, cifra que se eleva al 31% en Baleares. Esto se traduce en una oferta cada vez más limitada para los ciudadanos locales que buscan vivienda.

En cuanto al mercado de alquiler, advirtió que las nuevas leyes han tenido el efecto contrario al deseado, haciendo que los precios sigan en ascenso mientras que la disponibilidad de viviendas se reduce. “Con cada normativa que se implementa, los precios se incrementan y la oferta disminuye”, concluyó Nasarre.

El académico se sustentó en un exhaustivo estudio de Konstantin Kholodilin, señalando que, a pesar de un posible descenso en los precios de vivienda, la mayoría de las consecuencias de la regulación son negativas, como el deterioro de la calidad de las viviendas y la disminución de la movilidad laboral.

En Cataluña, donde se han impuesto restricciones a los precios de alquiler, Nasarre destacó que no se han obtenido los resultados positivos esperados, ya que los precios no han descendido notablemente. “No se ha observado una bajada en el precio del alquiler, sino que ahora se están ofertando viviendas más pequeñas y, por ende, más económicas”, agregó.

El académico también criticó las leyes que regulan el uso de segundas residencias, considerándolas "legitimizadoras" de conductas delictivas como la ocupación ilegal de viviendas. Según él, estas leyes van en contra de la función social de la propiedad y, a pesar de las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, no han sido adecuadamente abordadas.

La inauguración de las jornadas contó con la presencia del director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, y el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, quienes también abordaron la crítica situación del acceso a la vivienda en las Islas Baleares.

Reynés apuntó que la dificultad de acceso a vivienda es uno de los principales retos que enfrenta la sociedad, atribuyendo la problemática a factores variados, como el crecimiento demográfico y la falta de políticas efectivas en el pasado.

Fidalgo coincidió en la urgencia de abordar la crisis habitacional desde un enfoque estructural, subrayando la necesidad de adaptarse a un crecimiento poblacional que promete seguir en aumento. “El verdadero desafío no es solo crecer, sino hacerlo de manera planificada”, argumentó.

A pesar de señalar que la presencia de viviendas de lujo y altos precios son parte de los problemas actuales, Fidalgo resaltó las iniciativas del gobierno local para fomentar la construcción de vivienda asequible, optimista en que están en el camino correcto para hacer frente a la crisis.

Por su parte, la vicedecana del Colegio de Abogados de Baleares, Carmen López, advirtió que la crisis de vivienda también afecta el ámbito legal, complicando situaciones familiares y la custodia de hijos en casos de divorcio. Ella enfatizó que, aunque la crisis es un fenómeno que se extiende por todo el país, en las islas es aún más pronunciada.