PALMA, 9 de julio. En un contexto de desafíos financieros, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido la labor de su departamento, asegurando que no ha cesado en sus actividades a pesar de la prórroga de los presupuestos. Este lunes, durante el debate sobre los Presupuestos autonómicos, el conseller subrayó que, aunque las cuentas se mantienen sin cambios respecto al año anterior, su gestión ha continuado de manera efectiva.

Simonet destacó diversas iniciativas implementadas para mitigar el impacto de los crecientes costes y los “precios injustos” que enfrenta el sector agrario. Se refirió también a programas diseñados para facilitar el relevo generacional en las explotaciones agrícolas, que incluyen ayudas económicas y una agilización en la entrega de apoyos.

En cuanto a la problemática del cambio climático, Simonet anunció la convocatoria de una comisión para los días 30 y 31 de julio, enfatizando que se ha avanzado en la adaptación a estos desafíos. “No entraré en debates sobre el origen del cambio climático, pero nuestra prioridad es encontrar soluciones adaptativas”, precisó el conseller.

No obstante, el diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, criticó duramente la falta de respuestas en los presupuestos del departamento. Rosa argumentó que, a pesar de las circunstancias cambiantes en Baleares y a nivel global, las cuentas son las mismas que el año pasado, lo cual no se ajusta a las necesidades actuales del sector primario.

El ecosoberanista explicó que la crisis estructural, la disminución del poder adquisitivo y la creciente gravedad de los efectos del cambio climático son problemáticas que no se abordan adecuadamente. Además, se refirió a un plan de aguas regeneradas que avanza, aunque de manera insuficiente, y cuestionó el reciente acuerdo con Vox, que, según él, pone en riesgo los esfuerzos contra el cambio climático.

Finalmente, Ferran Rosa expresó su descontento por el respaldo de Simonet a la legislación que facilita las construcciones en suelo rústico, una medida que puede generar controversia y tensiones en la gestión del territorio.