PALMA, 22 de octubre.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido la propuesta de ampliar las plazas turísticas en las explotaciones agrarias, plan que en el marco de la nueva ley permitiría aumentar de seis a un máximo de diez. Esta medida, según él, podría ser clave para potenciar la competitividad del sector agrícola.

Durante su intervención ante los medios antes de una reunión del Consejo Agrario Interinsular, donde se discutió el anteproyecto legislativo disponible para exposición pública, Simonet hizo hincapié en la modestia de esta modificación. Aseguró que dentro de un marco normativo de 220 artículos, solo uno se refiere a estas conocidas agroestancias, tema que ha suscitado controversia en el ámbito del sector primario.

Simonet explicó que la introducción de esta figura, establecida en la ley de 2019, simplemente requeriría que las explotaciones cumplan con un tiempo mínimo de funcionamiento y aumenten las plazas de alojamiento. Si bien algunas asociaciones pidieron hasta 14 plazas, la propuesta se ha limitado a diez, lo que podría no ser suficiente para algunos críticos dentro del sector.

Aunque el incremento previsto no conllevará la creación de nuevas plazas turísticas, Simonet subrayó que cualquier nuevo alojamiento deberá figurar en una bolsa existente. Además, destacó que aquellos que opten por esta opción estarán obligados a ofrecer ventas directas y degustaciones de productos locales, algo que hasta ahora era una opción, pero no una obligación.

La intención, como afirmó, es proporcionar a los agricultores las herramientas necesarias para estar a la par con competidores en regiones como Catalunya, Normandía o Dinamarca, ayudando así a quienes están dispuestos a diversificar sus actividades.

Durante el encuentro, que marcó la primera reunión de esta legislatura, el conseller aseguró que el anteproyecto incorpora el 80% de las sugerencias del sector primario recibidas en meses anteriores. Simonet valoró este trabajo conjunto como un esfuerzo por crear una legislación adaptada a las necesidades del campo balear.

El plazo para presentar alegaciones a la ley finaliza el próximo viernes, y el conseller se comprometió a revisar todas las propuestas con un enfoque colaborativo, con la finalidad de lograr un campo más eficiente y lleno de oportunidades para agricultores y ganaderos.

Entre las novedades que incluye el anteproyecto, Simonet mencionó la optimización de la normativa para facilitar las actividades agrarias, el estímulo de la venta directa y degustación de productos locales, la promoción de la energía agrovoltaica y una simplificación administrativa relevante.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y el Colegio Oficial de Agrónomos de Levante (Coial) han manifestado su apoyo al anteproyecto presentado en el Consejo Agrario Interinsular. Asaja, en particular, destacó que esta nueva regulación tiene el potencial de subsanar limitaciones y favorecer el desarrollo del sector.

Los jóvenes agricultores celebraron especialmente la disminución de la burocracia y la simplificación que promete la nueva normativa, considerando estos dos elementos como obstáculos fundamentales para el crecimiento de la agricultura y la ganadería.

Asimismo, valoraron el reconocimiento del carácter estratégico de la agricultura y la necesidad de implementar compensaciones para Baleares, dado que enfrentan desventajas con respecto a territorios en el continente.

Asaja también aplaudió las nuevas regulaciones sobre el uso del agua, tales como la reutilización de aguas regeneradas, la captación de aguas pluviales y la eficiencia en su consumo, así como el impulso de actividades complementarias que apoyen la viabilidad económica de las explotaciones.

En términos medioambientales, la organización elogió el enfoque de la agricultura como un aliado para combatir el cambio climático, promoviendo la gestión forestal sostenible y la comercialización de créditos de carbono, que representan oportunidades futuras.

Por su parte, el Coial expresó su satisfacción con la intención de la legislación de situar a la actividad agrícola y a quienes contribuyen al territorio en el centro de las políticas públicas, validando el papel imprescindible de los agricultores y ganaderos en la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Los ingenieros agrónomos valoraron la simplificación administrativa, la declaración responsable, y el impulso del uso responsable del agua, junto con la integración de la producción agropecuaria con la generación de energía. También vieron con buenos ojos la posibilidad de aprovechar residuos agrícolas como materia prima secundaria y la apertura a actividades complementarias que fortalezcan la sostenibilidad del sector ante la singularidad del territorio balear.