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La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictaminado que Nicaragua debe pagar $ 2.7 mil millones a Costa Rica por daños ambientales y territoriales. El caso se centra en una disputa fronteriza entre los dos países que comenzó en la década de 1990.

Según la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua violó la soberanía de Costa Rica al dragar un cauce fluvial en la frontera y establecer puestos militares en la Isla Portillos. Además, la Corte encontró que Nicaragua también causó daños ambientales al ecosistema de la región al realizar estas acciones.

El gobierno de Costa Rica presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia en 2010. En 2015, la Corte dictaminó que Nicaragua debía pagar una compensación a Costa Rica. Nicaragua, sin embargo, desafió la decisión y se negó a pagar la compensación.

Por lo tanto, Costa Rica solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que reconociera la demanda y cobrara el pago. La Corte Suprema aceptó la solicitud en octubre de 2020 y dictaminó el pasado jueves que Nicaragua debe pagar $ 2.7 mil millones a Costa Rica.

El gobierno de Nicaragua ha rechazado la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y ha dicho que no pagará la compensación. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha calificado la decisión como "arbitraria e injusta" y ha acusado a Costa Rica de tener un "plan de expansión territorial".

El gobierno de Costa Rica, por su parte, ha afirmado que la decisión de la Corte Suprema "demuestra que las normas internacionales deben ser respetadas por todos los países". El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo que el dinero se utilizaría para financiar proyectos ambientales y para la protección de la paz y la seguridad en la región.