MANACOR, 17 de diciembre. La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de tres individuos en Manacor, de los cuales dos son originarios de Marruecos y uno más de España, en relación con un caso de fraude en la presentación de un contrato de alquiler. Este engaño tenía como objetivo facilitar su empadronamiento y la obtención de documentos vitales, como la tarjeta sanitaria y de transporte.

En un comunicado oficial, la Jefatura Superior de Policía informó que en mayo se recibió una denuncia en el Grupo Operativo de Extranjeros de Manacor. Un ciudadano alertó que había descubierto que tres personas extranjeras estaban empadronadas en su dirección sin su consentimiento ni conocimiento previo.

Los agentes de policía emprendieron una investigación para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de la denuncia. A través de sus indagaciones, confirmaron que los tres implicados, que residían ilegalmente en España, habían logrado empadronarse presentando un contrato de alquiler falso en el Ayuntamiento, con un intervalo de un mes entre cada uno de ellos.

Al profundizar en la investigación, los agentes descubrieron que ni la dueña del inmueble ni la empresa gestora del alquiler habían autorizado la cesión de la propiedad. Los contratos presentados estaban elaborados con un nivel de falsificación notablemente alto, aunque con ligeras variaciones que permitieron confundir a las autoridades.

Con el empadronamiento completado, los sospechosos tuvieron la oportunidad de solicitar la tarjeta sanitaria del IbSalut, así como la tarjeta de transporte, lo que les permitía acreditar su residencia en España de manera fraudulenta.

Tras las investigaciones, los funcionarios policiales lograron localizar a dos de los empadronados, que se encontraban en diferentes localidades de Mallorca. El tercer individuo involucrado, sin embargo, sigue sin ser localizado y es objeto de una requisitoria activa por parte de las autoridades.

Además, fue detenido un español que, según las indagaciones, actuaba como intermediario en la creación de los contratos de arrendamiento falsificados, a cambio de una recompensa económica.

Los investigadores determinaron que eran los ciudadanos marroquíes quienes inicialmente tomaban la iniciativa al compartir sus datos personales, estableciendo posteriormente encuentros para hacer entrega del contrato de alquiler fraudulento.

El ciudadano español esperaba en las afueras del Ayuntamiento de Manacor, donde, tras completar el empadronamiento, devolvía el contrato falso a los marroquíes a cambio del pago acordado.