• domingo 25 de septiembre del 2022

Vox recurre al TC la Ley de Educación balear por "privar" al español su condición de lengua vehicular

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MADRID, 1 Jul.

Vox ha recurrido frente al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Educación aprobada por el Parlament de las Islas Baleares el mes pasado de febrero al estimar que "pone bajo riesgo" el sistema educativo por el hecho de que, a su juicio, "priva" al español de su condición de lengua vehicular, con lo que no proporciona una "enseñanza de calidad que evite las desigualdades, respete los derechos escenciales y garantice la inclusión didáctica de todo el alumnado".

El recurso lo respaldan los 52 miembros del congreso de los diputados de Vox en el Congreso, quienes solicitan al órgano de garantías que declare inconstitucional y anule múltiples productos de esa ley, según informó este viernes en una publicación oficial la capacitación que lidera Santiago Abascal.

La ley, la primera didáctica de Baleares y iniciativa por el Govern de la socialista Francina Armengol, salió adelante sin el consenso de la mayoría de la oposición, primordialmente con relación al modelo lingüístico y otras disconformidades cerca de la decisión de centro y el régimen de la enseñanza concertada.

El secretario general de la capacitación, Javier Ortega Smith, ha pedido a los jueces del Constitucional que "resistan" en frente de las "maniobras" del Gobierno de Pedro Sánchez para "torcer la ley. "Sean valientes como lo fueron en el momento en que declararon inconstitucionales los estados de alarma" decretados por la pandemia, les ha solicitado.

Para la vicesecretaria nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, la ley "explota la imprecisión de los contornos del término inclusión para establecer un inconstitucional adoctrinamiento ideológico y para privar al español --con grave infracción de la Constitución-- de su condición de lengua vehicular y de estudio en la enseñanza".

Castro ha considerado que la normativa aprobada en Baleares agrede por lo menos los derechos escenciales de utilización y conocimiento de la lengua de españa, de independencia ideológica y el que asiste a los progenitores para seleccionar el género de educación que deseen para sus hijos.

En este sentido, Vox demanda la "prohibición" de la educación distinguida "por excluirla de la financiación pública" y apunta que los progenitores que precisen un acompañamiento educativo concreto para sus hijos pasen a tener la "obligación" de llevarlos a "centros ordinarios de titularidad pública" y no a centros particulares.

Vox, además de esto, ve una ideología de género en la novedosa ley didáctica que escapa a la "neutralidad exigible a la Comunidad Autónoma" y adopta una "posición ideológica" exigible al valorar al alumno.

La ley balear blinda el popular como 'decreto de mínimos', que establece un mínimo del 50 por ciento de horas laborables en catalán y la autonomía de los centros para elegir el resto. Desde la oposición, incluido Vox, recriminaron al Govern que la ley nazca sin agarrar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el mínimo del 25 por ciento de horas en español en el modelo de Cataluña.

A este respecto, el representante de Vox en Baleares, Jorge Campos, aseguró que la inmersión lingüística "transporta imponiéndose" en las islas desde el año 1997, con la aprobación de la Ley de Mínimos.