La consellera de Vivienda, Marta Vidal, ha destacado que el decreto ya está dando frutos después de que una gran mayoría de ayuntamientos ya están impulsando alguna de las medidas disponibles. Vidal ha afirmado que no se entiende que el PSIB obstaculice medidas como las que está impulsando el Gobierno central y ha aprovechado para rechazar medidas que ha calificado de intervencionistas.

"Son medidas para ayudar a que más gente pueda acceder a una vivienda, a unos precios limitados por la administración y más baratos que en el mercado libre. Para generar viviendas sin dar pie a la especulación y mientras se continúa la construcción de vivienda de protección para colectivos vulnerables", ha apuntado.

La oposición, por su parte, ha criticado que con este decreto se amnistíe a edificios fuera de ordenación a través de la obtención de la cédula de habitabilidad y ha coincidido en lamentar que la tramitación como proyecto de ley no haya servido para alcanzar consensos.

En este sentido, según el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, la tramitación solo ha servido para que el PP enmendara "de arriba a abajo" el texto salido del Consell de Govern. Los grupos de la oposición también han coincidido en señalar que el decreto se ha hecho siguiendo los postulados de los promotores, aunque este colectivo también ha expresado reservas.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha reiterado la petición de reclamar que Baleares sea declarada zona tensionada para limitar los precios de los alquileres, mientras que Josep Castells (Més per Menorca) ha matizado que las aportaciones vía enmienda de los grupos parlamentarios, que ha agradecido la consellera, son en su inmensa mayoría las enmiendas del PP "que han rehecho el texto".

Por parte del PSIB, la diputada Mercedes Garrido ha calificado como cínico que Vidal pida consenso a los grupos parlamentarios cuando, a su juicio, el decreto se ha pactado únicamente con los promotores. "Esta ley es su respuesta a quienes piden que se queme la Comisión Balear de Medio Ambiente. Esta hecha por y para ellos", ha señalado.

La diputada de Vox Idoia Ribas ha asegurado que el texto no supone un avance significativo para hacer aumentar la oferta de vivienda y mejorar la accesibilidad. La diputada ha lamentado que el PP haya rechazado sus enmiendas. "Esta ley ha decepcionado muchas expectativas", ha concluido, justificando su abstención también por hecho de que es una ley dispositiva y no impositiva.

La diputada del PP Margalida Pocoví ha señalado que el problema de la vivienda en Baleares es principalmente un problema heredado del anterior Govern. La 'popular' ha hecho hincapié que ayuntamientos de todos los colores impulsarán medidas contenidas en el decreto y ha reivindicado que el PP ha introducido mejoras para dar mayor seguridad jurídica y facilitar el acceso a la vivienda a colectivos profesionales específicos.

A instancias del PP, los ayuntamientos tienen tres meses para aprobar y publicar acuerdos para determinar la regulación de las medidas en su municipio y en caso de que en tres meses no se haya adoptado el acuerdo municipal, las medidas serán de plena aplicación.