El Gobierno impide el debate sobre la cogestión aeroportuaria en Baleares por impacto presupuestario

El Ejecutivo central ha manifestado su oposición a la ley de cogestión aeroportuaria, aprobada en el Parlamento balear, advirtiendo que reduciría en 32,5 millones de euros los ingresos de Aena en 2026. La causa principal es la posible disminución en tarifas y tráfico aéreo, que afectaría la rentabilidad de los aeropuertos en Baleares. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales argumenta que la ley implicaría un impacto económico negativo que requeriría compensaciones mediante fondos públicos, lo que ha sido considerado como un bloqueo político por MÉS per Mallorca. La oposición institucional se centra en que esta decisión limita la participación de Baleares en la gestión aeroportuaria, un asunto que suscita debate sobre el autogobierno en el contexto del marco constitucional. La discusión en la Mesa del Congreso, prevista para próxima semana, determinará si la propuesta puede avanzar o no, en un escenario donde la postura del PSOE y el PP influye decisivamente. La comunidad balear busca mantener abiertas las vías para debatir una legislación que permitiría mayor participación en decisiones clave sobre sus aeropuertos, en un contexto de tensión política con Madrid. La perspectiva futura dependerá de la voluntad de los órganos estatales de facilitar el diálogo, en un momento en que la autonomía de Baleares se ve puesta a prueba en ámbitos estratégicos como el transporte y la infraestructura.