El PP legaliza el campo de polo de Campos mediante enmienda legislativa polémica
El Tribunal de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ha impuesto una multa de 400.000 euros a las empresas propietarias del campo de polo en Campos, en Mallorca, tras constatar actividades no autorizadas. Sin embargo, una enmienda del Partido Popular (PP) en la ley de macrogranjas permite que la actividad deportiva continúe, puesto que la modificación legislativa ha legalizado la ubicación y el uso del recinto.
Este cambio legislativo se impulsó durante la tramitación de la ley en el Parlamento autonómico, con la participación de Vox y posteriormente corregido, pero quedó parcialmente en vigor tras la aprobación final. La modificación, según analistas, favorece a los promotores del campo de polo, situado en un espacio protegido del parque natural des Trenc, una zona de alto valor ambiental.
El PSIB denuncia que la acción del PP responde a una estrategia para regularizar actividades en suelo rústico de protección especial mediante acciones legislativas de emergencia. La ley permite ahora ampliar instalaciones y edificación en terrenos con protección ambiental, dejando en entredicho la capacidad de control de las instituciones públicas frente a posibles ilegalidades urbanísticas.
Desde el Consell de Mallorca, el representante Jaume Mateu critica que la decisión evidencia una relajación en la protección del entorno y una tendencia a priorizar intereses económicos sobre la legalidad y la protección ambiental. La sanción administrativa, que no ha sido recurrida, queda en papel ante la imposibilidad de suspender las actividades por la vía administrativa, según los críticos.
El caso del campo de polo en Campos refleja un escenario más amplio en Mallorca, donde las presiones políticas y económicas parecen diluir los límites de la normativa urbanística y ambiental. La situación genera inquietud sobre el futuro del control del territorio en un contexto de creciente interés por la especulación y el desarrollo en zonas protegidas, con posibles repercusiones en la política local y autonómica.