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Sucesos 22 de Abril de 2026 · 10:24h 2 min de lectura

Salvador Llinás acepta 4 años y 10 meses por estafa de 20 millones en Autoclik

El empresario Salvador Llinás ha acordado una condena de cuatro años y diez meses de prisión por su implicación en la estafa conocida como Autoclik, que afectó a alrededor de 3.568 vehículos y generó un perjuicio cercano a los 20 millones de euros. La audiencia en Palma se realizó en un marco de acuerdo penal, aunque las reclamaciones civiles continúan en trámite. Los hechos, reconocidos por el propio Llinás, se remontan a 2018, cuando dirigía IMT Holding Spain, responsable de varias sociedades dedicadas al alquiler de vehículos sin chófer. A través de estas, adquirió y gestionó una flota en distintas ciudades españolas y en Europa, con numerosos vehículos en leasing o renting. La estrategia delictiva consistió en vender vehículos a particulares y empresas, fingiendo tener poder de disposición mediante facturas falsas y sin poseer la documentación original, ya que no era el propietario legal. Además, en países extranjeros, enajenó 44 vehículos financiados que no podía vender según los contratos. La Guardia Civil calcula que el fraude afectó a más de 3.500 vehículos, causando daños económicos de unos 20 millones de euros. Llinás fue detenido en Taiwán en octubre de 2024, posteriormente trasladado a Fráncfort y finalmente entregado a España en virtud de una orden europea. Desde su ingreso en prisión, la causa ha puesto en evidencia las irregularidades en la gestión de flotas y la falta de control en los alquileres internacionales. Este caso pone en evidencia las deficiencias en la regulación del sector de alquiler de vehículos y la supervisión en operaciones internacionales. La sentencia, además de la condena penal, busca reforzar los mecanismos de control y evitar fraudes similares en el futuro. A largo plazo, la resolución de este caso puede impulsar cambios en la legislación y en los procedimientos de control de empresas que gestionan flotas de vehículos, asegurando mayor transparencia y protección tanto a consumidores como a entidades financieras. La lucha contra el fraude en el sector de alquiler de vehículos continúa siendo una prioridad en el contexto de un mercado cada vez más globalizado.

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