Blocus Mallorca deja 40 actas y nueve menores entregados a sus padres en Palma

La Policía Nacional levantó 40 actas por infracciones diversas y entregó a sus padres a nueve menores de edad tras la convocatoria del movimiento Blocus Mallorca celebrada el viernes en Palma. La concentración, difundida a través de redes sociales, acabó con un altercado entre un grupo de manifestantes y los acampados instalados en la plaza de España.

Según el balance policial, las actas responden a tenencia de armas (14), tenencia de drogas (5) y posesión de material corrosivo, papel de aluminio y pasamontañas (21). Durante el incidente, un menor de 13 años, inimputable por su edad, lanzó una piedra contra los agentes. La Policía asegura que su despliegue evitó que la situación fuera a más.

El movimiento se articula en torno a la vivienda, uno de los problemas que más preocupan en Baleares por el encarecimiento del alquiler y de la compra en las zonas urbanas y turísticas. La presencia de acampados en el centro de la capital refleja un malestar social que, en los últimos años, ha pasado de las reivindicaciones pacíficas a formas de protesta más conflictivas, lo que complica su gestión para las autoridades.

La tensión tiene también una dimensión de orden público. La reiteración de convocatorias anónimas en redes sociales obliga a los cuerpos de seguridad a mantener dispositivos preventivos y plantea el debate sobre cómo distinguir entre el ejercicio legítimo del derecho de manifestación y los episodios de violencia o de incumplimiento de la normativa.

El dispositivo se mantiene este sábado, cuando el perfil que ha impulsado las movilizaciones vuelve a convocar una concentración a las 19.30 horas en la misma plaza. Algunos comercios del centro, sobre todo los cercanos a la plaza de España, han reforzado sus escaparates con tableros de madera, una señal de la inquietud que genera la situación entre la actividad económica local.

El desarrollo de las próximas jornadas será clave para medir si el movimiento gana apoyo o si queda acotado a grupos reducidos. Más allá del episodio concreto, el caso vuelve a situar en el centro del debate público la vivienda en Mallorca y la capacidad de las instituciones para canalizar el descontento social sin que derive en conflicto.