Palma duplica su aportación por capitalidad hasta 60 millones con el apoyo de PP, PSIB y MÉS

El Parlament balear ha aprobado la modificación de la ley de capitalidad de Palma, que eleva a 60 millones de euros anuales la aportación mínima que el resto de administraciones deberán transferir al Ayuntamiento. La cifra duplica la cantidad vigente hasta ahora. La norma ha salido adelante con los votos del PP, el PSIB y MÉS per Mallorca, mientras que Vox ha votado en contra.

La ley tiene su origen en una proposición aprobada por el Ayuntamiento de Palma a finales del año pasado, que después fue tomada en consideración por la cámara autonómica. Durante la tramitación se presentaron 128 enmiendas, de las que 40 fueron incorporadas al texto. El articulado ha pasado de siete artículos iniciales a 23, lo que refleja la intensidad de la negociación entre grupos.

El núcleo económico de la norma responde a una demanda histórica de la capital. Palma concentra servicios administrativos, sanitarios y de transporte que benefician a toda la isla, pero cuyo coste recae en buena medida sobre su propio presupuesto. La nueva aportación busca compensar esa carga. Cabe destacar que la ley también contempla el impulso de la Policía Comunitaria, la creación de agentes cívicos para hacer cumplir las ordenanzas y el refuerzo de servicios sociales y de atención a víctimas de violencia machista.

En materia de vivienda, el texto crea una oficina municipal de defensa de los arrendatarios, con servicios de información, asesoramiento jurídico y acompañamiento frente a desahucios o alquileres turísticos. Además, obliga a crear en el plazo de un año una empresa municipal de vivienda. Otra novedad relevante es la previsión de un Área Metropolitana de Palma que integraría también Calvià, Marratxí y Llucmajor, aunque su tramitación quedará en manos del Govern en un plazo máximo de dos años.

El debate político ha estado marcado por la tensión entre Vox y el PP. Los de Abascal han rechazado el texto tras ver desestimadas sus propuestas, entre ellas la garantía del uso del castellano y del catalán en la administración municipal. La formación ha criticado que el PP negocie con la izquierda sin atender sus exigencias. El PP, por su parte, defiende que la ley es fruto de un consenso amplio y que la negociación con el PSIB produjo catorce transacciones.

Desde el PSIB, Iago Negueruela ha valorado el acuerdo, aunque ha reconocido que no es una ley perfecta. El socialista ha lamentado que no prosperara la propuesta de permitir a Palma declararse zona tensionada, una reclamación que sigue abierta. MÉS per Mallorca ha apoyado el texto por coherencia, pero ha advertido de que no resuelve los problemas estructurales de la ciudad y ha reprochado la falta de voluntad para pactar medidas como la compra directa de suelo público.

La aprobación de esta ley sitúa el debate sobre la financiación de la capitalidad en un nuevo escenario. Queda por ver si la aportación de 60 millones se traduce en una mejora efectiva de los servicios y si el futuro Área Metropolitana logra avanzar en la coordinación entre municipios. Para Palma, el reto será ejecutar con rapidez las medidas en vivienda y seguridad, que son las que más impacto tendrán en la vida cotidiana de sus vecinos.