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Viernes, 30 de octubre de 2026 Edición Islas Baleares · Red Crónica
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Progreso en Verde denuncia violencia de conductores de galeras en Palma

Progreso en Verde denuncia agresiones de conductores de galeras en Palma, pidiendo investigaciones y una mayor regulación ante episodios de violencia.

Redacción · Crónica Baleares 2 min de lectura

Progreso en Verde ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Baleares por episodios de violencia protagonizados por algunos conductores de galeras en Palma en las últimas semanas. La denuncia incluye grabaciones de incidentes ocurridos en agosto y septiembre, donde se observan agresiones verbales, intimidaciones y enfrentamientos físicos contra ciudadanos que grababan las actividades de las calesas.

Estos hechos reflejan una problemática que trasciende el ámbito particular, afectando la percepción pública y la regulación de actividades tradicionales en la ciudad. La organización animalista solicita una investigación para determinar si estas conductas constituyen infracciones penales y si existen antecedentes administrativos o policiales que las respalden.

Las implicaciones de estos episodios se relacionan con la necesidad de garantizar la protección de los derechos ciudadanos y el correcto ejercicio de actividades autorizadas. La actuación de la Policía Nacional en algunos de estos incidentes añade complejidad, y se pide aclarar las circunstancias en que fue necesaria su intervención.

Desde la perspectiva política, el Ayuntamiento de Palma ha sido criticado por su aparente silencio ante estos sucesos. Progreso en Verde exige una respuesta institucional y que se evalúen posibles consecuencias sobre las licencias de los conductores implicados, en un contexto donde la regulación del sector de las calesas ha sido objeto de debate político en los últimos años.

Este conflicto refleja tensiones en la gestión de las tradiciones y las actividades económicas en Palma, y plantea la cuestión de la responsabilidad administrativa. La ciudadanía demanda acciones claras y una regulación efectiva que evite la normalización de conductas violentas, en un momento en que la seguridad y las libertades públicas están en juego. Se espera que en los próximos meses el Gobierno local tome decisiones que rijan el desarrollo de estas actividades y protejan los derechos de los vecinos y visitantes.

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