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Jueves, 29 de octubre de 2026 Edición Islas Baleares · Red Crónica
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Qué hay detrás de la sobreocupación de 30 personas en una vivienda de Manacor

Hasta 30 personas hacinadas en una vivienda de Manacor, sin retrete y con camas en los pasillos. El Govern abre expediente sancionador por sobreocupación.

Redacción · Crónica Baleares 2 min de lectura

Una vivienda de Manacor albergaba hasta 30 personas en condiciones de hacinamiento. Así lo confirmó una inspección conjunta de la Policía Nacional y del servicio de inspección de vivienda del Govern, realizada la semana pasada. Los agentes identificaron a nueve personas, que declararon que los convivientes podían llegar a ser treinta.

Los inspectores localizaron 24 camas, algunas instaladas en los pasillos, y dos habitaciones cerradas con candado. El inmueble carecía de elementos básicos, como un retrete. Según el relato de los identificados, cada una de ellas pagaba entre 100 y 200 euros al mes por una cama. Estas cifras aún deben verificarse.

El caso pone en evidencia un fenómeno conocido en el mercado residencial balear: el alquiler de camas o de habitaciones a precios elevados en viviendas sobreocupadas. La presión sobre el acceso a la vivienda, con precios que superan con frecuencia la capacidad de renta de los trabajadores, empuja a muchas personas a aceptar condiciones precarias para tener un techo.

Desde el punto de vista normativo, la sobreocupación de viviendas está tipificada como infracción muy grave. Puede acarrear multas de entre 30.001 y 90.000 euros. El Govern ha abierto diligencias para iniciar un expediente sancionador, lo que muestra la voluntad de la Administración autonómica de actuar frente a este tipo de prácticas.

La intervención también plantea preguntas sobre la capacidad de detección de la administración. Las inspecciones dependen en buena medida de denuncias y de la coordinación entre cuerpos policiales y técnicos. Para reforzar esta vía, el Govern ha habilitado un canal de denuncias en el portal web de la CAIB, con el que la ciudadanía puede comunicar irregularidades en materia de vivienda.

Más allá de este caso concreto, la situación obliga a revisar las políticas de vivienda asequible y el control del alquiler informal en las Islas. La eficacia de las sanciones dependerá de que se combinen con oferta de vivienda accesible y con inspecciones sostenidas en el tiempo. Queda por ver si el expediente abierto en Manacor servirá de precedente para actuaciones similares en otros municipios.

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