Activistas por la vivienda regresan a la plaza de España de Palma tras el desalojo municipal

Una treintena de integrantes de la Acampada por la Vivienda de Palma regresó este jueves a la plaza de España con la intención de pasar la noche en el espacio, un día después de su desalojo por orden del Ayuntamiento de Palma. La operación fue ejecutada por la Policía Local y operarios de Emaya.

Los acampados se reunieron en torno a las 19.00 horas. Por la intensa lluvia, la asamblea inicial se trasladó a unos soportales del Mercat de l'Olivar, desde donde debatieron aspectos relativos a la huelga general prevista para el 11 de noviembre. Después volvieron a la plaza para leer un comunicado y celebrar una cena popular, con el propósito de dormir allí pese al despliegue de varias patrullas policiales.

Según el relato de los activistas, los agentes les habrían indicado que, para quedar amparados por el derecho de reunión, debían mantenerse de pie y no tumbarse ni sentarse en el suelo. Los acampados lo calificaron de «nueva coacción» por parte de la corporación local. Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, había expresado en la red social X su «preocupación» por la actuación municipal del miércoles y consideró que la acampada estaba amparada por el derecho de reunión.

Los activistas señalan además que la nueva acampada se ha instalado «sin perímetro» y «sin barreras», después de que el Ayuntamiento retirara los palés que delimitaban el área. Según afirman, esto les dificulta defenderse de posibles ataques, y alertan de que un «elemento fascista» con tono «amenazante» se habría acercado a hacer fotografías.

En un comunicado, el colectivo expresó su «firme rechazo» al desalojo, al que calificó de «ilegal», y acusó al Ayuntamiento de actuar como un «'Blocus institucional'» cómplice de especuladores, rentistas y organizaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional. Según el texto, la Delegación del Gobierno ha confirmado no haber cursado ninguna orden de desalojo. El equipo jurídico de la acampada ultima una querella penal por presunta prevaricación y contra los derechos fundamentales contra responsables municipales y agentes de la Policía Local. Los activistas denuncian asimismo la «requisa arbitraria» de pertenencias, tiendas, enseres y parte de los fondos de la caja de resistencia.

Respecto a las personas sin hogar que dormían en la acampada, una portavoz, Clara, desmintió que los Servicios Sociales hubieran ofrecido alternativas habitacionales, como había difundido el Ayuntamiento. Según aseguró, llamaron tres veces a la unidad móvil de emergencia social sin obtener respuesta, y fueron los propios activistas quienes buscaron recursos para estas personas.

De cara a la huelga general, la acampada anunció que concentrará su presencia en la plaza de España y ha convocado a la ciudadanía a una asamblea previa el 8 de noviembre. Entre sus reivindicaciones figuran la bajada inmediata del 50% de los alquileres, contratos indefinidos, la absorción del 100% del patrimonio de la Sareb para el parque público de alquiler social y la prohibición de la compra especulativa.