La Acampada por la Vivienda acusa a Cort de actuar como "Blocus institucional" tras el desalojo de la plaza de España

La Acampada por la Vivienda de Palma ha rechazado el desalojo "ilegal" practicado este miércoles en la plaza de España y ha acusado al Ayuntamiento de Palma de actuar como un "'Blocus institucional'" cómplice de "especuladores, rentistas y de organizaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional". Así lo expresaron los activistas en un comunicado leído tras una asamblea celebrada este jueves.

Según el colectivo, la intervención municipal no responde al mantenimiento del orden público, sino a un "intento político de desmantelar la protesta social". La Delegación del Gobierno en Baleares, según recoge el comunicado, habría confirmado que no cursó ninguna orden de desalojo, lo que, a juicio de los acampados, evidencia la falta de competencia del Consistorio para disolver la movilización por la vía de hecho.

Los activistas denuncian además la "requisa arbitraria" de pertenencias personales, tiendas, enseres y parte de los fondos de la caja de resistencia. Su equipo jurídico, junto a representación letrada, avanza la preparación de una querella penal por posibles delitos de prevaricación y contra los derechos fundamentales contra los responsables municipales y los agentes de la Policía Local.

En cuanto a la versión municipal, una portavoz de la acampada, Clara, ha negado que Servicios Sociales ofreciera alternativa habitacional a las personas sin hogar que dormían en el campamento. Según su relato, el equipo de emergencia social fue llamado tres veces sin respuesta, y son los propios activistas quienes han buscado recursos para estas personas.

De cara a la huelga general convocada para el 11 de noviembre, el movimiento anuncia que reorganizará sus fuerzas para centrarse en la agitación y la llamada al paro. Han desconvocado la concentración en la plaza Madrid para concentrar la presencia en la plaza de España y han convocado una asamblea previa el 8 de noviembre. Entre sus reivindicaciones figuran la bajada inmediata del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y la absorción del 100% del patrimonio de la Sareb para el parque público de alquiler social. Sobre una posible nueva acampada, el portavoz Guillem Antelmo ha indicado que lo discutirán más adelante.