Baleares prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años para proteger su salud

Desde este miércoles, Baleares ha establecido la prohibición de vender bebidas energéticas a menores de 16 años, con sanciones económicas que oscilan entre 6.000 y 60.000 euros. La normativa, aprobada por el Govern el pasado viernes, busca reducir el consumo de estos productos en la población juvenil, ante el incremento en su utilización y los riesgos asociados. La medida afecta a todo el archipiélago y considera como bebidas energéticas aquellas con al menos 15 mg de cafeína por cada 100 ml, además de ingredientes como taurina, guaraná o glucurolactona. Este cambio responde a una creciente preocupación por el aumento en el consumo entre menores, según datos de la encuesta Estudes 2023, donde casi la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años reconoció haberlas consumido en el último mes. La tendencia, que también incluye mezclas con alcohol, plantea riesgos severos para la salud pública, incluyendo obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. La mezcla con alcohol también puede disminuir la percepción de embriaguez, elevando las conductas de riesgo. En el contexto político, la medida refleja la voluntad del Govern de abordar los problemas de salud pública asociados a conductas de riesgo en la población juvenil. La legislación sitúa a estas bebidas bajo las mismas restricciones que el alcohol y tabaco, fortaleciendo el marco regulatorio para proteger a los menores. La normativa establece multas considerables y tipifica como infracción grave su venta a menores, en línea con las políticas de control de sustancias y hábitos nocivos. La entrada en vigor de la normativa exige una adaptación en los procedimientos comerciales, especialmente en supermercados, pequeños comercios y distribuidores. El Ejecutivo balear ha destacado la colaboración del sector privado en la implementación de controles de edad y cumplimiento, reconociendo que el éxito depende del compromiso de todos los actores implicados. La regulación busca equilibrar la protección de la salud con la responsabilidad social del comercio. Este paso legislativo forma parte de una estrategia más amplia de salud pública y prevención en el archipiélago, en un contexto donde las políticas de salud preventiva adquieren mayor relevancia ante las tendencias de consumo juvenil. La medida también anticipa posibles futuras regulaciones destinadas a reducir otros riesgos asociados a conductas de consumo en menores, en línea con las directrices nacionales y europeas. La cooperación entre administración y sector privado será clave para el éxito a largo plazo.