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Sanidad 25 de Septiembre de 2026 · 11:08h 2 min de lectura

Denuncian negligencias en la perrera de Son Reus por agua con legionela y cadáveres en descomposición

La perrera municipal de Son Reus, gestionada por la concesionaria Athinsa, enfrenta serias acusaciones por parte de UGT Servicios Públicos. La organización ha presentado una denuncia ante la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, evidenciando con pruebas gráficas la presencia de cadáveres en descomposición almacenados en una nevera averiada y la administración de agua contaminada con legionela a los animales.

Estos hechos se suman a un contexto donde la gestión del centro ha sido cuestionada por supuestas negligencias continuas. La nevera lleva más de un año sin funcionar correctamente, lo que ha provocado la rápida descomposición de los cadáveres y la proliferación de gusanos, incumpliendo la normativa sanitaria vigente. Además, las condiciones higiénico-sanitarias del recinto se han visto comprometidas por la presencia de legionela en el suministro de agua.

Las implicaciones de estas irregularidades afectan tanto a la salud pública como al bienestar animal. La situación pone en entredicho la responsabilidad política del Ayuntamiento de Palma, que tiene competencia en la supervisión del centro. UGT denuncia además la presión laboral a la que está sometida la plantilla, forzada a realizar tareas fuera de sus funciones y en condiciones insalubres.

Desde un punto de vista político, estos incidentes reflejan posibles fallos en la gestión y control del sector público, así como en la fiscalización de los servicios municipales. La falta de una supervisión efectiva ha permitido que se mantenga un estado de precariedad y riesgo sanitario en el centro, lo cual puede tener repercusiones en la percepción ciudadana sobre la gestión pública en temas de bienestar animal y salud pública.

De cara al futuro, la situación obliga a una revisión profunda de los protocolos y responsabilidades en la gestión de centros de bienestar animal en Baleares. La presión social y las investigaciones en curso podrían impulsar cambios en la normativa y en la fiscalización de estos servicios, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras para los animales y los trabajadores.

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