El Parlament pide explicaciones sobre la reforma del aeropuerto de Eivissa y la transparencia de Aena

La Comisión de Ordenación Territorial del Parlament balear ha acordado citar al presidente de Aena, Maurici Lucena, para que aclare el alcance real del proyecto de reforma del aeropuerto de Eivissa. La comparecencia respondería a las contradicciones detectadas entre las declaraciones públicas del gestor aeroportuario y la documentación oficial que justifica las obras.

El proyecto, aprobado por Aena, contempla el aumento de capacidad de la infraestructura, superando los nueve millones de pasajeros anuales, según la memoria justificativa. Sin embargo, en declaraciones públicas, la dirección del aeropuerto ha asegurado que la reforma no busca incrementar la capacidad, generando dudas sobre las motivaciones reales del plan.

Este escenario refleja la tensión entre la gestión pública del aeropuerto y las expectativas del sector político balear. La iniciativa del Parlament responde a la necesidad de garantizar transparencia en un contexto donde las inversiones en infraestructuras aeroportuarias afectan a la economía y movilidad regional.

Además, el Parlamento ha solicitado al Gobierno central que controle las cancelaciones de vuelos en la ruta Menorca-Palma, que han superado el límite del 2% establecido por la obligación de servicio público. La medida busca asegurar un servicio estable para los residentes y turistas en Menorca, ante las reiteradas interrupciones y el incremento de tarifas.

Por otra parte, el debate en el Parlamento ha puesto en evidencia la controversia sobre las obras en el puerto de Ciutadella y las garantías ambientales, que han sido rechazadas por algunos grupos políticos. La falta de consenso revela la complejidad de gestionar el impacto ambiental en las infraestructuras portuarias, en un contexto de mayor fiscalización y demanda social por mayor transparencia.

El escenario político balear muestra un equilibrio delicado entre la apuesta por el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. La futura revisión de estos proyectos y la supervisión de las actuaciones públicas serán clave para garantizar una gestión sostenible y transparente en la región.