Un juzgado de Palma investiga a la cúpula de PortsIB por la gestión de los campos de boyas

Un juzgado de Palma investiga a la cúpula de PortsIB por presuntas irregularidades en la gestión de los campos de boyas instalados el pasado verano. La investigación se sustenta en una querella presentada por la Fiscalía en julio, a raíz de una denuncia de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN Mediterráneo).

La denuncia atribuye a cuatro responsables de PortsIB presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, desobediencia y prevaricación. Los investigados son el gerente, Francisco José Villalonga; el director general de Puertos, Antoni Mercant, y dos técnicos. Tras abrir diligencias previas, el juzgado los citó a declarar. Según informa Diario de Mallorca, citado por Europa Press, los investigados sostienen que la gestión se ajustó a la ley.

El núcleo de la denuncia es una licitación valorada en más de 5,8 millones de euros para la implantación de campos de boyas ecológicas. ADN Mediterráneo, junto con otras asociaciones y patronales, ha recurrido esa licitación en varias ocasiones. Los denunciantes sostienen que PortsIB continuó con el proceso pese a que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo había suspendido, y que lo modificó y prorrogó.

Los denunciantes señalan además la formalización de un contrato menor para el montaje de los campos de fondeo de la bahía de Fornells e Illa d'en Colom, instalaciones que, según afirman, forman parte de la licitación suspendida. A su juicio, esto podría constituir un fraccionamiento artificial de contratos para eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública.

Desde PortsIB se defiende la necesidad de proteger la posidonia. La entidad recuerda que el fondeo sobre esta planta ya está prohibido y que los campos de boyas solo se instalan entre junio y septiembre. Al mismo tiempo, rechaza que la actuación responda al interés general y la califica de maniobra de interés "puramente recaudatorio", en palabras de los denunciantes.

El procedimiento judicial se encuentra en fase de investigación. Por el momento, no se han adoptado decisiones sobre la responsabilidad de los investigados.