El TSJIB reivindica viviendas para funcionarios en futura Ciudad de la Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha solicitado que la próxima Ciudad de la Justicia en Palma incluya viviendas para los funcionarios judiciales. La propuesta surge ante la dificultad que enfrentan estos profesionales para afrontar el alto coste de vida en Baleares, especialmente considerando que el 58% de ellos son interinos. Gómez recordó el caso de una funcionaria que tuvo que abandonar las islas por no poder sostener su salario entre 1.200 y 1.300 euros mensuales. La futura Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto de urbanización ya está en concurso, aún tardará varios años en completarse. Sin embargo, el magistrado considera que incluir viviendas para el personal judicial sería una medida beneficiosa y factible, dado que el solar contempla la posibilidad de edificación para estos fines. La iniciativa ha sido respaldada en algunas reuniones previas, aunque todavía no es una decisión definitiva. Además, el TSJIB trabaja en la equiparación del plus de insularidad con Canarias, para mejorar las condiciones laborales y económicas de sus empleados. La Sala de Gobierno ya ha solicitado encuentros con el Ministerio de Justicia para avanzar en esta línea, consciente de la importancia de reducir las desigualdades que afectan a los profesionales de la justicia en Baleares. Estas propuestas reflejan un contexto político en el que las instituciones buscan responder a los retos sociales y económicos derivados de la insularidad, en un momento en que la administración de justicia en Baleares enfrenta dificultades por la alta rotación y la precariedad laboral. La inversión en infraestructuras y condiciones laborales se presenta como una prioridad para garantizar la estabilidad del sistema judicial. El futuro de estas medidas dependerá del compromiso político y de la asignación de recursos por parte de las administraciones implicadas. La inclusión de viviendas en la Ciudad de la Justicia podría marcar un precedente en la gestión de recursos para el sector público en Baleares, en un escenario de creciente demanda de servicios públicos eficientes y sostenibles.